Certificado obligatorio para empresas que importan minerales para no incentivar conflictos

Certificado obligatorio para empresas que importan minerales para no incentivar conflictos

El pleno de la Eurocámara ha reclamado un sistema de certificación obligatorio para todas las empresas importadoras de la UE de estaño, tantalio, wolframio y oro para fabricar bienes de consumo como ordenadores o teléfonos móviles para garantizar que no incentivan conflictos ni abusos de los Derechos Humanos en zonas de conflicto.

Los eurodiputados han endurecido así considerablemente la propuesta legislativa de la Comisión Europea que se limitaba a plantear un sistema de auto certificación -y fue respaldada por la Comisión de Comercio Internacional– en el marco de las enmiendas aprobadas con 400 votos a favor, 285 en contra y 7 abstenciones.

El pleno de la Eurocámara considera que las fundiciones y las refinerías son el último eslabón de la cadena de suministro en las que se puede rastrear el origen de los minerales y por ello exige que se sometan a auditorias obligatorias independientes por parte de terceros para verificar sus prácticas de diligencia debida.

Las 880.000 empresas de la UE que utilizan estaño, tantalio, wolframio y oro en la producción de bienes de consumo en la industria automovilística, electrónica, aeroespacial, para empaquetado, construcción, iluminación, maquinaria y herramientas, así como en joyería, tendrán que informar de las medidas que toman para identificar y abordar los riesgos detectados en sus cadenas de suministro de dichos minerales y metales.

Los eurodiputados también han reclamado apoyo financiero para las pequeñas y medianas empresas -que son la mayoría– para obtener la certificación a través del programa comunitario de ayudas a la competitividad de empresas COSME.

La normativa abarca todas las zonas de conflicto y alto riesgo del mundo, es decir, aquellas zonas en conflicto armada, violencia generalizada o de posconflicto o caracterizadas por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y no sólo República Democrática del Congo y la zona de los Grandes Lagos.

Por otra parte, los eurodiputados también han exigido un mecanismo de control del sistema más estricto de manera que se revise en un plazo de dos años desde la entrada en funcionamiento del mismo y posteriormente cada tres años en lugar del plazo de tres años y seis años propuestos respectivamente para revisar el sistema por la Comisión.

La Eurocámara espera comenzar ahora las negociaciones con los Gobiernos europeos para acordar la propuesta definitiva.

Fuente: http://www.corresponsables.com/

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