Colombia: Los derechos humanos en las empresas

Colombia: Los derechos humanos en las empresas

El Informe de la ONU de la semana pasada sobre la situación de Colombia en materia de derechos humanos no solo es un jalón de orejas para el Estado, sino también una oportunidad para el sector privado que no ha jugado un rol proactivo en las áreas que critica el documento: la protección de la vida, la promoción de la paz, la libertad de expresión, la igualdad, la libertad de enseñanza y la libertad de conciencia, entre otras.

Las empresas con presencia en territorio rural, aquellas con centros de manufactura, las que operan en las fronteras, las que gestionan recursos naturales, las que venden productos a comunidades en zonas de bajos ingresos y las que albergan poblaciones sindicalizadas, entre otras, deben reflexionar sobre la preocupante situación que desnuda la ONU: desafiante tasa de homicidios; amenazas y desplazamientos en zonas donde había conflicto armado; baja participación de las mujeres en procesos electorales; incremento en el índice de pobreza multidimensional; zonas sin acceso a agua potable y analfabetismo; diferencia en los ingresos por razón de género; mayor tasa de desempleo para mujeres y bajo acceso a la salud en zonas rurales de difícil ingreso. ¡No son ligeros estos hallazgos de la ONU!

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Simultáneamente, el informe documentó 108 casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y múltiples hostigamientos a personas defensoras de derechos humanos que participan en procesos judiciales que involucran a altos funcionarios del Estado y miembros de las Fuerzas Militares.

Los gremios, las empresas y la sociedad tienden a pensar que las violaciones mencionadas son problemáticas que debe resolver el Estado, pero la evolución histórica de los derechos humanos en el mundo demuestra que todos los actores del sistema democrático tienen responsabilidades, incluyendo a los sectores productivos.

Desde el escalamiento de las garantías individuales (hasta 1970 en casi todo el mundo) hacia derechos humanos (en Colombia desde la Constitución del 91), este tipo de derechos se emanciparon del poder político para pasar a ser del dominio del propio hombre y de la sociedad.

En la concepción moderna de los derechos humanos es inviable desvincularlos de la democracia. Los Estados donde se los reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los que no los reconocen son no democráticos. El Estado cumple un papel fundamental, porque las autoridades deben, además de reconocerlos, garantizarlos dentro de la sociedad, para que puedan desarrollarse en un ambiente óptimo. Y las empresas son corresponsables de ese ambiente, bien porque el Estado las convoca o bien porque ellas actúan con iniciativa propia.

Las grandes instituciones multilaterales han proclamado importantes compromisos para las empresas, porque son motores de desarrollo socioeconómico, tienen capacidad de transferir conocimiento, pueden contagiar a las instituciones públicas con buenas prácticas de gobernabilidad y pueden implantar valores democráticos, entre muchas más capacidades.

La Ocde (¡club al que pertenecemos!) estableció por ejemplo, hace un par de años, que las empresas tienen la responsabilidad de hacer negocios de una manera que no solamente genere los resultados deseados, sino de forma tal que la sociedad no resulte impactada negativamente en su viabilidad. Este mandato ha llevado a países como Francia a desarrollar legislación para impulsar en las empresas mecanismos de promoción y defensa de los derechos humanos en las cadenas de suministro. Y Alemania, también animada por la Ocde, vigila que las empresas incluyan la protección de los derechos humanos dentro de los planes de negocio.

Si las empresas no tienen experiencia para contribuir a la protección de los derechos humanos, existen organizaciones como el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), oenegé independiente con oficina en Colombia, que trabaja para cimentar y promover los derechos humanos en las actuaciones de las empresas.

Los sectores productivos tienen una gran oportunidad en contribuir a mejorar la garantía del derecho a la paz y la igualdad en Colombia, mediante la inclusión de los diversos grupos que emergieron tras el acuerdo de paz. También pueden contribuir activamente a la consecución del derecho a la igualdad mediante la contratación de personas LGBTI. Pueden alfabetizar a familias de sus empleados en zonas vulnerables, y no es menor el papel que pueden jugar los empresarios en la promoción del derecho a la libertad de conciencia entre sus empleados, para que cada uno pueda expresar libremente sus creencias o convicciones sin que sea un riesgo para su estabilidad laboral.

Pero también es sano reconocer que el Estado colombiano no promueve una agenda pública-privada para mejorar los indicadores de protección de los derechos humanos. Gobierno y gremios tienen una oportunidad de crear programas que respondan a los desafíos destapados por la ONU. ¿Cuántos gremios o empresas tienen un comité de derechos humanos?, ¿Cuántas juntas directivas tienen este tema en su agenda de prioridades? ¿Cuántos estudios de derechos humanos han realizado los gremios o las empresas? Y ¿Cuántas alianzas público-privadas hay para llevar a los territorios al cumplimiento de los derechos humanos?

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Tengo la sensación de que las empresas tienden a reducir la reflexión de los derechos humanos a la discusión de los derechos sindicales, o se contentan con acciones aisladas de responsabilidad social. ¡Y ahí se quedan por una mezcla de miedo, ignorancia e indiferencia!

Por MIGUEL ÁNGEL HERRERA

Fuente: https://www.dinero.com/

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