El abecedario de la ISR

El abecedario de la ISR

La Inversión Socialmente Responsable puede definirse como aquella que no solo tiene en cuenta un retorno económico sino que también tiene en cuenta criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno, conocidos por las siglas ASG (o ESG en inglés). Su inicio más o menos oficial se remonta a 1999. Ese año se aprueba la Norma SA 8000 de Social Accountability International (SAI) y también el Dow Jones Sustainability Index (DJSI): primer índice bursátil que incluye criterios sociales y medioambientales.

Para familiarizar un poco más a todos aquellos interesados en ella, a continuación publicamos un abecedario en el que tratamos de describir tanto su vocabulario habitual como a los actores relevantes en su biografía. Esperamos las aportaciones de todo nuestros lectores para irlo completando. ¡Gracias por anticipado!

Autoridad Bancaria Europea (ABE) es una autoridad independiente de la UE que trabaja para garantizar un nivel efectivo y coherente de regulación y supervisión prudencial en todo el sector bancario europeo. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario. Forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF), que está compuesto por tres autoridades de supervisión: la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA). El sistema también abarca a la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), así como al Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión y las autoridades nacionales de supervisión. Rinde cuentas ante el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo de la Unión Europea y la Comisión Europea.

Artículo 14 de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones: El 1 de enero de 2013 entró en vigor la modificación de este artículo, añadiendo un nuevo apartado 7º, que incorpora la obligatoriedad de informar si se consideran (o no) criterios ASG en las políticas de inversión de los fondos de pensiones del sistema de empleo.

Artículo 69.6 del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, que está en vigor desde 2008 sobre el ejercicio de derechos políticos. Este artículo ha contribuido positivamente para que un número significativo de fondos de pensiones del sistema de empleo participe de manera activa en las juntas de accionistas del IBEX 35.

Basilea II: el segundo Acuerdo de Basilea (2004) define un enfoque prudencial para comprender mejor los riesgos bancarios según tres pilares: requisitos mínimos de capital; supervisión prudencial de la adecuación de la cantidad de capital regulatorio; comunicación financiera.

Basilea III: tercer Acuerdo de Basilea (2010) adoptado en respuesta a la crisis cuyo objetivo es aumentar la resiliencia de los principales bancos internacionales a través de un fortalecimiento del nivel y calidad del capital y aumentar la gestión de su riesgo de liquidez.

Desarrollo sostenible: aquel que satisface las necesidades del presente pero que no compromete las futuras. Añade un elemento social y humano al desarrollo. Su definición se formalizó por primera vez en el documento conocido como el Informe Brundtland de 1987, denominado así por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, fruto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Hay quien lo define como la reconciliación entre el bienestar económico, los recursos naturales y la sociedad, evitando comprometer el futuro del planeta

Directiva Europea sobre la Información Extra Financiera (Directiva RSE): Modifica dos directivas relevantes desde el punto de vista del mercado europeo de capitales: la Directiva 2007/36/CE sobre el ejercicio de derechos de los accionistas de sociedades cotizadas y la Directiva 2013/34/UE sobre los Estados Financieros Anuales. la finalidad de aumentar la divulgación de información no financiera de los factores sociales y medioambientales, con el objetivo de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la colectividad en general. Debe incluir información relativa a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno que influyan en la actividad empresarial. De acuerdo con la normativa Europea ese estado debe incluir una descripción de las políticas de resultados y riesgos vinculados a esas cuestiones y deben incorporarse en el informe de gestión de la empresa obligada o, en su caso, en un estado separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el contenido y cumpla con los requisitos exigidos. El obligatoria para para las entidades de interés público y las que a fecha de cierre del balance tengan más de 500 empleados y una cifra de negocios anual superior a 40 millones de euros.

Dow Jones Sustainability Index: es la variante del Dow Jones (índice bursátil de Nueva York) para las empresas que cumplen ciertos requisitos de sostenibilidad. Es decir, se trata de un índice mundial que valora las buenas prácticas de las empresas bajo criterios sociales, medioambientales y económicos. Actualmente, los 600 puntos de análisis que componen el DJSI son considerados los más duraderos a nivel global y se han convertido en el punto de referencia clave para aquellos inversores que tienen en cuenta criterios de sostenibilidad a la hora de invertir. Es el el primer indicador mundial de la actuación de las empresas en términos de sostenibilidad.

Due Diligence: auditoría que se hace a una empresa previa a su adquisición y en la que cada vez se están teniendo más en cuenta criterios extra financieros

ESG: siglas que definen criterios extra financieros que se tienen en cuenta en las inversiones referentes al medio ambiente, cuestiones sociales y de buen gobierno o gobernanza. Gracias a ellos, se puede evaluar la responsabilidad social de las empresas. El criterio ambiental tiene en cuenta: la gestión de residuos, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la prevención de riesgos ambientales. El criterio social tiene en cuenta: la prevención de accidentes, capacitación del personal, respeto del derecho de los empleados, cadena de subcontratación (cadena de suministro) y diálogo social. El criterio de gobierno verifica: la independencia de la junta la estructura de gestión y la presencia de un comité de auditoría.

Estrategias ISR: Las más comunes son: Exclusiones por comportamientos contrarios a normativas internacionales y derechos básicos; exclusión de actividades (por ejemplo, armamento controvertido); valoraciones destacadas (Best-in-Class) (a través de la selección de las empresas que, una vez superado el análisis financiero, tienen una mayor valoración ASG); diálogo con las empresas o engagement accionarial (se trata de mejorar el comportamiento ASG de las empresas a través de procesos de diálogo); integración ASG (integración de los criterios ASG en el análisis financiero tradicional). Es la evaluación de las carteras de inversión con criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno, incluyendo explícitamente las consideraciones en materia ASG en el análisis financiero tradicional.

Estrategia española de Responsabilidad Social de las empresas: marco común de referencia de todas las actuaciones que, en relación a la RSE, se están desarrollando tanto en el ámbito público como en el privado. Basada en los principios de competitividad, cohesión social, creación de valor compartido, sostenibilidad, transparencia y voluntariedad-compromiso, marca cuatro objetivos estratégicos y 10 líneas de actuación con sus correspondientes medidas. Los objetivos son impulsar y promover la RSE, tanto de las empresas, incluidas las PYMES, como en el resto de organizaciones públicas y privadas; identificar y promover la RSE como atributo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social; difundir los valores RSE en el conjunto de la sociedad y crear un marco de referencia común para todo el territorio en materia de RSE. Para conseguirlos, adoptará una serie de medidas concretas para la promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles, la integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación, el buen gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza, la gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo, la inversión socialmente responsable en I+D+i, la relación con los proveedores, el cosumo responsable o el respeto al medio ambiente.

Eurosif: se constituye el año 2001, y sus socios fundadores son los SIF (Social Investment Forum) de Francia, Alemania, Italia, Holanda y Reino Unido. Posteriormente se incorporan los SIFs de Bélgica, España y Suiza. Incluye como miembros afiliados a inversores institucionales, proveedores de servicios financieros, instituciones académicas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales. La asociación es una entidad sin fines de lucro que representa activos totales superiores a 1 billón de Euros,1 trillón en términos americanos, a través de sus miembros afiliados. Las actividades en las que se centra Eurosif giran en torno al apoyo y ayuda a los miembros afiliados en la promoción y desarrollo de la ISR.

FTSE4Good: es una serie de índices de inversión en valores éticos lanzados en 2001 por FTSE Group. Su inclusión se basa en una serie de criterios de responsabilidad social corporativa. Excluyen a las compañías vinculadas a la producción de tabaco, armas nucleares, sistemas de armas convencionales o industria de carbón. En España, FTSE Group y Bolsas y Mercados Españoles (BME) han creado conjuntamente el índice FTSE4Good IBEX que se compone de valores pertenecientes al IBEX 35® de BME y al índice FTSE Spain All Cap, que cumplen con los criterios de buena práctica en responsabilidad social corporativa (RSC). Estas compañías trabajan por la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo de relaciones positivas con los grupos de interés de la compañía y el apoyo y preservación de los derechos humanos universales.

Inversión de Impacto: inversión hecha en una empresa, una organización o un fondo con la intención de generar un impacto social y ambiental paralelo a l retorno de la inversión. El concepto apareció por primera vez en el Foro Económico de la Reunión Anual de junio de 2013 en Davos (Suiza).

Inversión Socialmente Responsable (ISR): inversión que considera tanto criterios financieros (rentabilidad-riesgo –al igual que la inversión tradicional-) como criterios extra-financieros (los denominados criterios ASG -medioambientales, sociales y de buen gobierno-) en los procesos de análisis y toma de decisiones de inversión, así como también en el ejercicio de la propiedad activa (ejercicio de los derechos políticos inherentes a determinados activos financieros), sin tener por ello una menor rentabilidad.

ISO 26000: Norma internacional que establece una guía sobre responsabilidad social, ofrece armonizadamente una guía global pertinente para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes interesadas, por lo que alienta la aplicación de mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo. ISO 26000, así como agrega valor al trabajo existente sobre la responsabilidad social (RS), extiende la comprensión y la implementación de la RS mediante: el desarrollo de un consenso internacional sobre lo que significa RS y los asuntos de RS que las organizaciones necesitan abordar; el aporte de una guía para la traducción de los principios en acciones efectivas; la afinación de las mejores prácticas que ya han evolucionado y la difusión de la información en todo el mundo para el bien de la comunidad internacional.

Principios para la Inversión Responsable de Naciones Unidas (UN PRI): son una iniciativa consistente en una red de inversores que trabajan juntos para llevar a la práctica los Principios para la Inversión Responsable establecidos por el grupo. Su objetivo es difundir las implicaciones de la sostenibilidad para los inversores y prestar apoyo a los firmantes para que incorporen estas consideraciones a sus procesos de decisión en materia de inversiones y sus prácticas de titularidad de participaciones. Aplicando estos Principios, los firmantes contribuyen al desarrollo de un sistema financiero global más sostenible. Tienen el deber de actuar conforme a los intereses de sus beneficiarios a largo plazo. Con el cumplimiento de este deber, manifiestan su convencimiento de que las cuestiones de índole ambiental, social y de gobierno corporativo pueden afectar a la rentabilidad de las carteras de inversión. También reconocen que la aplicación de estos Principios puede servir para alinear mejor a los inversores con los objetivos generales de la sociedad. Tienen más de 1.400 instituciones adheridas procedentes de más de 50 países por inversores que gestionan activos por un valor de 59 billones de dólares.

SA 8000: Norma de Social Accountability International (SAI) que  certifica procesos de producción ética con especial atención en las prácticas de derechos humanos y las condiciones de trabajo a lo largo de toda la cadena de valor. Mide el desempeño social en nueve áreas importantes para la responsabilidad social en los lugares de trabajo: trabajo infantil, trabajo forzado u obligatorio, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, no discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo, remuneración y sistema de gestión. Es apreciado por las marcas y los líderes de la industria por su enfoque riguroso para garantizar la más alta calidad de cumplimiento social en sus cadenas de suministro, sin sacrificar intereses comerciales. La Norma refleja las disposiciones laborales contenidas en los convenios de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También respeta, complementa y apoya las leyes laborales nacionales en todo el mundo, y actualmente ayuda a asegurar condiciones de trabajo éticas para dos millones de trabajadores.

UNE 165001 de AENOR sobre productos financieros socialmente responsables. En ella se consideran criterios generales y específicos dependiendo del tipo de producto. Según esta norma los requisitos generales que se han de considerar son: el ideario ISR, el comité ISR (con mayoría de miembros independientes), el filtro ISR, el cumplimiento de criterios ISR, el ejercicio de derechos políticos y la transparencia en la gestión.

Fuente: https://diarioresponsable.com

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