Información No Financiera: las memorias de sostenibilidad ya son obligatorias

Información No Financiera: las memorias de sostenibilidad ya son obligatorias

Desde hace más de una década, las empresas grandes o simplemente responsables publican sus informes anuales de “responsabilidad social corporativa”, “responsabilidad corporativa” y más recientemente de “sostenibilidad”. Los informes ambientales son aún más antiguos. Además del baile terminológico y de la ausencia de normas – solucionada en parte por las normas del Global Reporting Initiative (GRI) – estos informes eran casi siempre voluntarios.

La voluntariedad ha cambiado: Ya está en vigor la nueva Ley 11/2018, del 28 de diciembre, una nueva transposición de la Directiva Europea 2014/95/UE sobre Divulgación de Información No Financiera y Diversidad.

El término “no financiera” no es muy atractivo y puede dar una idea que es algo “no importante”, ya que viene del mundo de los que manejan información financiera. Pero estamos seguros de que poco a poco este tipo de información “ASG” (Ambiental, Social y de Gobernanza) – otra terminología – pase a ser tan o más importante que la información puramente financiera o, como hasta los grandes inversores ya lo saben, “no sostenible”.

Discusiones terminológicas a parte, la nueva Ley, publicada cuando se apagaban las luces de 2018, es retroactiva desde enero del año pasado y va más allá de la anterior transposición – por el Real Decreto-Ley 18/2017 – al detallar contenidos mínimos y ampliar el alcance de la Directiva Europea a empresas con más de 250 empleados.

Centenas de empresas españolas o grupos de empresas – con más de 500 empleados y que tengan más de 20 millones de euros en activos y 40 millones de euros de facturación – ya tienen que informar, además del informe de gestión financiero, un informe que contenga información relativa, por lo menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno. Muchas más – las que tengan más de 250 empleados y que alcancen los mismos volúmenes de activos y de facturación – tendrán que empezar a hacerlo en los próximos tres años.

La nueva ley determina una estructura para el informe de la empresa o del grupo, la misma de la directiva europea, pero es algo más ambiciosa en términos de contenidos.

Estructura

  1. a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.
  2. b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.
  3. c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.
  4. d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.
  5. e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad.

Contenidos mínimos

1.- Información sobre cuestiones medioambientales:

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.

– Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.

– Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

– Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

– Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.

– Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

2.- Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal:

– Empleo: número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional, número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional; las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad.

– Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo; número de horas de absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

– Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

– Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país; el balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo.

– Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación; la cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

– Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

– Igualdad: medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad, medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad.

3.- . Información sobre el respeto de los derechos humanos: Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

 4.- Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

5.- Información sobre la sociedad:

– Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o patrocinio.

– Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas.

– Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

– Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.

– Cualquier otra información que sea significativa.

En caso de incumplimiento

La Ley determina que en el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones previstas anteriormente, el estado de información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto. Es el principio del comply or explain (cumplir o explicar), que viene de la legislación anglosajona: la idea es que, al tener que explicar públicamente una desconformidad, la empresa trabaje para mejorar su gestión y transparencia.

Primeras conclusiones

La Directiva Europea, la nueva Ley 11/2018 y – más importante quizás – las nuevas demandas de la sociedad y de los inversores representan una nueva etapa en la corta historia de las memorias de sostenibilidad: se exige más información y a más empresas.

No todo es novedad: Temas como respecto a los derechos humanos o salud y seguridad laboral reflejan legislación ya existente y ya deberían estar presentes en otros informes. Sin embargo, el contenido exigido para cuestiones ambientales, especialmente cambio climático, es nuevo y bastante riguroso – adelantando requisitos de la nueva Ley de Cambio Climático, afectando incluso a empresas que publican informes ambientales desde hace años.

La conformidad con la legislación es importante, pero la mayor motivación que tienen las empresas que ya informan es la utilización de este tipo de información “no financiera” para gestionar mejor sus negocios y evidentemente contestar a las partes interesadas, especialmente a los inversores.

Fuente: https://diarioresponsable.com

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