La responsabilidad fiscal en las claúsulas sociales

La responsabilidad fiscal en las claúsulas sociales

Las cláusulas sociales en la contratación pública siguen avanzando en ayuntamientos y territorios, aunque de manera poco homogénea en sus criterios. No sabemos si en algún caso están exigiendo datos sobre responsabilidad fiscal de las empresas en los necesarios modelos de balance social o sostenibilidad. Por ejemplo, ¿se podría pedir una TAE fiscal como prueba de su responsabilidad fiscal?

Me explicaré. La responsabilidad social de las empresas son sus impactos sobre la sociedad y el medio ambiente (redefinición de la Unión Europea y la ISO26000). Independientemente de que las empresas gestionen voluntariamente su RSE, los sindicatos, como representantes del grupo de interés trabajadores, evaluamos sociolaboralmente a las empresas (desigualdad salarial, igualdad, derechos laborales -en toda la cadena productiva-…), y exigimos a los gobiernos faciliten información clara, comparable y relevante para poder evaluar y participar en los procesos relacionados con la sosteniblidad y la RSE, mediante una legislación adecuada.

A estas alturas, ciudadanos, clientes, trabajadores, administraciones públicas que quieran contratar responsablemente (cláusulas sociales), o posibles inversores que quieran ser responsables, no pueden obtener el dato fiable del impacto fiscal real de una empresa. Debería comenzarse por las mayores (IBEX35, empresas de más de 1000 trabajadores, de cierto nivel de facturación…). Nuestra propuesta es un indicador-ratio que visualice la responsabilidad fiscal de las grandes empresas en cada país que opera (y otro global), que serviría para conocer y poder comparar su impacto fiscal, independiente del uso o no de paraísos fiscales, que desde luego deberían desaparecer o controlar. Algo similar a la TAE, la tasa anual equivalente, que se configuró para informar asépticamente sobre los tipos de interés reales que se aplican en las operaciones financieras (préstamos, imposiciones…)

Y aquí una observación.El TTIP, un tratado con EEUU, que además tampoco ha ratificado ni firmado muchas de las normas de la OIT, no ayudará en nada. El TTIP puede dar al traste con las iniciativas basadas en las cláusulas sociales, ya que este tipo de tratados está provocando demandas judiciales contra estados o instituciones que utilicen criterios no económicos en sus sistema de contratación o inversión. Recordamos que existe una red de municipios libres del TTIP (celebran un encuentro en Barcelona). Artículo recomendado: Las consecuencias del TTIP y del CETA: por qué es necesario abrir un debate público serio, por Adoración Guamán, en El Diario.

Por José Carlos González

Fuente: http://www.agorarsc.org/

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