Primeros objetivos para 2018: prácticas de negocio responsable

Primeros objetivos para 2018: prácticas de negocio responsable

Cerramos el año con dos iniciativas regulatorias encaminadas a fomentar las prácticas de negocio responsable: El Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos y el Real Decreto sobre Reporte de información no financiera.

Desde que en 1987 el Informe de la Comisión de Bruntland de Naciones Unidas acuñase el término ‘desarrollo sostenible’ como un “desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”, han sido muchas las empresas que han trabajado la ‘perspectiva ambiental’ del desarrollo sostenible.

Han analizado sus procesos, han descubierto ineficiencias en el consumo de recursos naturales, han identificado riesgos y, con todo esto, han desarrollado programas de eficiencia energética, reducción de emisiones, reducción de residuos o consumo de fuentes renovables. Programas para los que, en la mayoría de las ocasiones no han encontrado resistencia interna, ya que han venido acompañados de una cuenta de resultados positiva (la eficiencia energética y la gestión ambiental ahorran costes).

Los inversores también han visto como buenas prácticas estas iniciativas, que han hecho aflorar empresas más eficientes. Las empresas, animadas por estos resultados, han avanzado un paso más y han generado innovación en procesos e ideas de negocio alrededor de la gestión ambiental. El coche eléctrico o la geotermia son algunos resultados de la innovación generada por la motivación del impacto ambiental.

En el caso del impacto social la situación ha sido algo diferente. Las empresas, en general, no han hecho un análisis de procesos, impactos y riesgos de carácter social, sino que han seguido una estrategia más de tipo filantrópico, aportando ayudas monetarias o en especie, y en general a través de una ONG, a diferentes comunidades afectadas de manera directa o indirecta por sus operaciones.

Estos proyectos producen buenos resultados, pero a un nivel muy pequeño y, al estar alejados del negocio no consiguen escala ni se benefician de las capacidades de innovación de las empresas.

En paralelo a estas actividades filantrópicas las empresas han seguido desarrollando sus procesos con sus cadenas de valor globalizadas. Se han producido situaciones críticas, que en general han sido denunciadas por organizaciones de la sociedad civil, como el caso de los minerales de conflicto o de los trabajadores de Bangladesh del sector textil. La realidad es que, a medida que las grandes compañías se han desarrollado y globalizado, las desigualdades han aumentado.


La realidad es que, a medida que las grandes compañías se han desarrollado y globalizado, las desigualdades han aumentado.


 Ante esta situación, Naciones Unidas ha hecho en la última década dos propuestas con gran aceptación por parte de gobiernos y empresas: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), que son continuación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (2000-2015), y los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos, lanzados en 2011 y aprobados por 193 países.

Las empresas se han sumado con mucha facilidad a los ODS. Con mayor o menor profundidad y alineamiento con su negocio, todas han identificado en qué ODS van a impactar y lo hacen público. Esto realmente no compromete a nada si es una simple declaración, pero suma muchos puntos reputacionales.

Lo que no ha tenido tanto éxito son los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos (PPRR). No es tan fácil sumarse a estos principios y no hacer nada relevante. Los PPRR empiezan por identificar los riesgos de vulnerar los derechos humanos en toda la cadena de valor; continúan por establecer los mecanismos necesarios para que no ocurran las vulneraciones, y terminan estableciendo mecanismos de reparación en caso de producirse vulneraciones.

Esto significa incurrir en un coste (controlar la cadena de suministro global de una compañía textil es un tema complejo y costoso) para gestionar unos riesgos que, en muchos casos ni se sabe que existen. Y para colmo, un tema que, si se hace bien, no se puede contar, y si se hace mal, es portada de los medios. Porque la realidad es que todos sabemos qué empresas estaban en Rana Plaza (Bangladesh) pero muy pocos sabemos qué es Accord(acuerdo para la prevención de incendios y por la seguridad de los edificios, suscrito entre más de 200 marcas internacionales y sindicatos tras la catástrofe). En definitiva, un tema muy poco vendible en un Comité de Dirección.

Por eso este es un tema que necesita ser regulado. Los PPRR proponen la creación de Planes Nacionales de Empresa y Derechos Humanos que obliguen o incentiven la adopción de los mismos por parte de las empresas. Países como el Reino Unido han establecido leyes como la Slavery Act para obligar a las empresas a reportar cómo gestionan sus cadenas de suministro en todo el mundo. Otros planes como el de Chile, establecen el requisito de adopción de los PPRR para poder acceder a licitaciones públicas.


Países como el Reino Unido han establecido leyes como la Slavery Act para obligar a las empresas a reportar cómo gestionan sus cadenas de suministro en todo el mundo.


 En el caso de España, el Plan Nacional aprobado en agosto es una manifestación del compromiso de España con los Principios Rectores y con su responsabilidad de formar, sensibilizar e incentivar a las empresas en la aplicación de los mismos. Es menos exigente que el de Reino Unido o el de Chile pero tiene clara vocación sensibilizadora.

La reciente aprobación de Real Decreto sobre Reporte de información no financiera supone un apoyo regulatorio y metodológico para la implantación del Plan y por tanto de los PPRR, ya que se alinea con los objetivos del Plan Nacional en varios sentidos. En primer lugar, se pide a las empresas que identifiquen y mitiguen riesgos a corto, medio y largo plazo teniendo en cuenta el impacto económico, social y ambiental que generan. En segundo lugar, pide que se reporten los procesos de debida diligencia establecidos para prevenir efectos adversos y, en tercer lugar, pide que se reporten de manera transparente.

El Real Decreto especifica lo que entiende por asuntos relevantes y lo resume en cinco aspectos: asuntos ambientales, asuntos sociales y laborales, respeto por los derechos humanos, asuntos anticorrupción y soborno y diversidad de género. Por tanto, para aplicar bien este RD en lo que se refiere a la información sobre derechos humanos se debería llevar a cabo el proceso que proponen los PPRR.

Tanto el Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos como el Real Decreto sobre Reporte de información no financiera se han hecho esperar varios años y se ha cuestionado mucho su alcance. Además, son muchas las empresas que han avanzado ya en el camino que marcan estas regulaciones.

En cualquier caso, llegan juntos y eso les refuerza mutuamente. Es el momento para que las empresas retomen sus capacidades de generación de eficiencias e innovación que aplican al ámbito ambiental y las lleven al ámbito social. A ver si conseguimos que empresas como Acciona, que declara en su memoria 2016, ser “una de las compañías pioneras en el mundo en el análisis de las emisiones del 100% de su cadena de suministro”, declare además que hace un “análisis de riesgos en los derechos humanos” al 100% de su cadena de suministro.

Por Begoña Morales

Fuente: https://www.compromisoempresarial.com

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