¿Qué factores impulsan la sostenibilidad en la cadena de suministro?

¿Qué factores impulsan la sostenibilidad en la cadena de suministro?

La presión de los grupos de interés es un componente importante y esencial del proceso de toma de decisiones de una empresa y para la adopción de prácticas de gestión responsable de las cadenas de suministro, que se han convertido en una parte integral de la economía global, cambiando los patrones de comercio, inversión y producción en las industrias mundiales.

Dicha gestión responsable de la cadena de suministro verá, además, en un futuro próximo un aumento de la presión regulatoria debido a la legislación creciente alrededor de la responsabilidad social corporativa que en la Unión Europea se desarrolla dentro de su plan por la transformación verde y sostenible.

Ante esa presión ejercida por las regulaciones, la comunidad inversora e incluso por parte los clientes, es necesario realizar un análisis exhaustivo de las prácticas actuales del tejido empresarial en su conjunto en cuanto a la gestión de su cadena de suministro.

En su informe La sostenibilidad en la cadena de suministro en España, EY en colaboración con Ecovadis, analiza la relevancia de diversos factores para el impulso de la sostenibilidad vinculada a la cadena de suministro en las empresas españolas.

Estos factores van, entre otros, desde el contexto normativo hasta el reporte no financiero, pasando por la monitorización de los riesgos asociados y su integración en los sistemas de gestión de riesgos de las empresas.

Divulgación y debida diligencia

En los últimos años, tanto las leyes de divulgación como de debida diligencia en materia de cadena de suministro han experimentado un crecimiento, elevando la concienciación y compromiso en relación con los mecanismos de cumplimiento y de divulgación de las empresas.

Nos encontramos en el actual contexto con leyes de divulgación que siguen la tendencia de transparencia internacional (sobre todo a través de las crecientes leyes nacionales), mientras que, por otro lado, y aunque la tendencia de crear leyes de debida diligencia para las cadenas de suministro todavía se encuentra en etapas tempranas, cada vez hay más interés y voluntad por parte de organismos jurídicos en solucionar los vacíos existentes.

En cuanto a leyes de divulgación, destaca en la Unión Europea la directiva 2014/95/EU sobre información no financiera y diversidad y sus correspondientes transposiciones a las leyes de cada país europeo.

Por su parte, la diligencia debida, o due dilligence, se ha convertido en un punto clave dentro de las regulaciones actuales y futuras en materia de cadena de suministro debido a que la actividad empresarial afronta riesgos intrínsecos que necesitan ser identificados, gestionados y mitigados de forma proactiva, en aras de proteger la reputación y, en última instancia, lograr ahorros de costes.

Así mismo, la debida diligencia está profundamente relacionada con las cadenas de suministro porque es en este ámbito en el que se concentra el mayor impacto y riesgo.

En la actualidad está en marcha una propuesta de marco jurídico de la UE sobre gobernanza empresarial sostenible que incluya obligaciones de diligencia debida de las empresas en los distintos sectores que conforman las cadenas de suministro mundiales, y para la cual ya existe un informe de recomendaciones de cara a la redacción de la propuesta legislativa que se espera que se implemente en 2021.

Riesgos con impactos significativos en las organizaciones

En un estudio anterior de EY sobre los estados de información no financiera del IBEX 35, se observaba que en muchos casos los mapas de riesgos y en los procesos generales de identificación y evaluación no recogían cuestiones vinculadas directamente con la cadena de suministro, ni en el nivel de gravedad, naturaleza de los riesgos o en los mecanismos de prevención y mitigación.

Actualmente se estima que el 23% de los incidentes en la cadena de suministro están asociados a la sostenibilidad, y que los riesgos más habituales a los que se exponen las cadenas de suministro son los económicos, reputacionales, operacionales y los relacionados con la sostenibilidad.

Entre estos últimos riesgos se encontrarían los derivados del medio ambiente (gestión de residuos, biodiversidad, cambio climático), sociales (derechos humanos y condiciones laborales) y los éticos (corrupción y seguridad de la información).

También es remarcable el hecho de que las organizaciones cada vez están siendo más escrutadas por los grupos de interés, que exigen altos niveles de transparencia e implementación de prácticas sostenibles en la cadena de suministro.

Por tanto, las empresas deben dejar de actuar reactivamente y hacerlo de manera proactiva, usando herramientas para conocer a fondo su cadena de suministro. Un examen exhaustivo de la misma ayudará a entender la madurez y preparación de los proveedores a la hora de afrontar crisis sanitarias, económicas o de otra índole, así como detectar indicadores de riesgo que permitan prevenir o minimizar el impacto de un determinado evento en la empresa.

Actualmente se estima que el 23% de los incidentes en la cadena de suministro están asociados a la sostenibilidad.

La combinación de rankings externos de evaluación, como RobecoSAM o Vigeo Eiris, y de estándares de reporting pone a disposición de las organizaciones un conjunto amplio de indicadores, criterios, formas de evaluación y recomendaciones que, en el caso particular de su aplicación a la cadena de suministro, favorecen un control más estricto, la cuantificación de los avances realizados y la anticipación a los riesgos que el no cumplimiento de ellos puede conllevar.

La Ley 11/2018 en materia de información no financiera, derivada de la Directiva 2015/95/EU mencionada anteriormente, constituye un marco muy destacable bajo el que proporcionar información sobre la cadena de suministro debido, por un lado, a su obligatoriedad para empresas de más de 500 empleados, y por otro a que su finalidad es identificar riesgos en las grandes empresas para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general, incrementando el contenido de la información no financiera, en cuestiones tales como el medio ambiente o asuntos sociales.

Ese ejercicio de comunicación de información no financiera que pide la Ley 11/2018 debe realizarse bajo estándares de reporte reconocidos, destacando por su aceptación y uso el Global Reporting Initiativa (GRI) y el Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

El primero de ellos se centra fundamentalmente en la gestión integral que hace la compañía informante de sus proveedores en cuanto a tipología, filtros y auditorías a los proveedores y la consideración de los impactos negativos sociales y ambientales en la cadena de suministro.

Por su parte, SASB tiene un enfoque sectorial que, lejos de restar comparabilidad a los indicadores, promueve la transparencia de cada industria atendiendo a la casuística específica de cada una, que ajusta la materialidad de cada aspecto según el contexto de negocio.

En el informe también se menciona el marco Long Term Value (LTV) en cuya creación colaboró EY en 2018 y que pretende diseñar una metodología para la cuantificación del valor que una empresa genera no solo a través de los resultados financieros, sino mediante la medición de los intangibles.

Aunque su conjunto de indicadores aún está en proceso de revisión antes de su publicación formal, en el informe se pueden consultar las principales conclusiones alcanzadas sobre qué tipo de información considera relevante cada sector relativa a la cadena de suministro, así como el valor al que contribuye: financiero, humano, social o valor para el consumidor.

Fuente: https://www.compromisoempresarial.com/

Otras Fuentes
Categorias: España, Noticias

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