El Corporate Compliance define un conjunto de buenas prácticas y procedimientos, para garantizar que una organización cumple con el marco normativo y reglamentario, las políticas internas, los códigos éticos y los compromisos con terceros. Con ello, se consigue identificar y alertar sobre los riesgos legales y de funcionamiento, y así, evitar sanciones y multas, pérdidas de costes, y de reputación.

El compliance no es algo nuevo. Es una tendencia que tiene casi cincuenta años, y que se ha acelerado especialmente a partir de la crisis económica de 2007. En los años setenta surge la figura del “Compliance Officer” impulsada por la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) para la búsqueda de comportamientos empresariales más éticos.

La corrupción, constituye uno de los principales retos para la aplicación efectiva del compliance en América Latina. Casos como el de Petrobas y Odebrecht, han impactado en muchos de los países de la región, afectando a empresarios y políticos, generando una falta de credibilidad social en los sistemas públicos de control económico y judicial. Las leyes contra las prácticas corruptas de EEUU, y las normativas europeas de la OCDE, representan hoy una mayor preocupación para las multinacionales que operan en América Latina. Muchos de los países latinoamericanos siguen siendo percibidos como algunos de los más corruptos del mundo.

Según el índice de percepción de corrupción (2017) de Transparencia Internacional(T.I), solo Uruguay (23), Chile(26), y Costa Rica (28), están dentro de los 30 países con menor corrupción sobre 183 países a nivel mundial. En el nivel más alto, se encuentra Honduras y Rep.Dominicana (135), Paraguay y México (135), Guatemala (143), Nicaragua(151), Haití( 157) , y Venezuela (169). En contraposición, países como Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia o Canadá, se encuentran en el nivel más alto en el índice de transparencia.

Un segundo reto para la aplicación del compliance en la región, es la alta tasa de informalidad en la economía. Según datos de la OIT, en América Latina hay, al menos, 130 millones de personas trabajando en condiciones de informalidad, lo que representa el 47,7% de los trabajadores. En el nivel más alto, se encuentran países como Guatemala (73,6%), Honduras (72,8%), El Salvador (65,6%), Perú( 64%), y en el tramo de menor informalidad se ubican Costa Rica (30,7%), Uruguay (33,1%), y Brasil (36,5%). Según el FMI, la situación de la economía informal es un drama persistente, y por primera vez, supera al África Subsahariana.

 La composición de las empresas informales es variada, y en la práctica, corresponde principalmente a pequeñas empresas, trabajadores por cuenta propia y microempresas no registradas, cuyo principal problema es que no pueden alcanzar la productividad suficiente para cubrir los costes de formalización.

Un tercer elemento para extender la cultura del compliance en América Latina es la composición del tejido empresarial. Las minipymes (según la CEOE) generan la mitad de los puestos de trabajo, son el 90% del total del sector empresarial, y suponen el 28% del PIB regional. Las empresas creadas en la región suelen ser más pequeñas en número de empleados que en otras regiones con niveles similares de desarrollo, además su ciclo de vida es inferior al de las pymes de otras regiones; de hecho, solamente el 45% de ellas, sobrevive más de dos años, frente al 80% de las empresas. Un dato significativo, según el Banco Mundial, es que en la región, las pymes necesitan por término medio hasta 29 pagos de impuestos al año para cumplir con sus obligaciones fiscales, cifra muy superior a los 11 pagos de media, exigidos en economías más avanzadas de la OCDE.

En conclusión, adaptarse a las reglas de cumplimiento normativo en América Latina, es complejo, ya que conlleva un cambio de cultura empresarial y profundas reformas estructurales:  Reducir drásticamente los niveles de corrupción con reformas legales, y eficientes sistemas de control; ampliar medidas e incentivos para la formalización de la actividad económica mejorando la recaudación fiscal; y adaptar y extender modelos de autoregulación normativos en las pymes, constituyen, sin duda, grandes retos para la implantación de un sistema compliance en la región homologable a las economías más avanzadas.