RSE y turismo: ¿un reto político?

RSE y turismo: ¿un reto político?

El creciente rechazo a la actividad turística, así como la aparición de conceptos como “capacidad de carga” en el turismo y las consecuencias sobre el territorio de esta actividad, abren las puertas a un nuevo modelo de políticas públicas basadas en la Responsabilidad Social y en los intereses de todas las partes implicadas. Se trata de una excelente oportunidad para la integración de la RS en la gestión pública. En los últimos días saltaba a la prensa la noticia de la pérdida del 10% de la población de Benidorm en los 4 últimos años

Esto, sumado a la reiteración del concepto de “turismo  masivo” en Barcelona, o de los alquileres abusivos de la isla de Ibiza, nos conduce hacia una evidencia: El turismo, no sólo tiene impacto sobre el territorio. También sobre las personas que en él habitan.

Uno de los principios fundamentales de la Responsabilidad Social, es el de la gestión de los intereses de todas las partes implicadas en un proceso (stakeholders). Si pensamos en un modelo de negocio tradicional, estos serían (clientes, proveedores, trabajadores, etc.).

Se trata de un reto que deberán afrontar en los próximos años aquellos que diseñen y planifiquen las políticas públicas del sector: Conjugar los intereses de todas las partes implicadas en la actividad turística (y no estamos contemplando el impacto ambiental).

Existe, para mí, cierto romanticismo en torno al sector turístico; pues este es muy complejo, en cuanto a partes interesadas, niveles de gestión, subsectores, etc. y esto lo convierte en un laboratorio perfecto para la implementación de políticas de responsabilidad social, y además, con fuego real; en este sector no valen las políticas de marketing sin contenido, pues en el turismo, la experiencia lo es todo.

Además, la elevada contribución de la industria turística al total de la economía española (11,2% del PIB), le confiere a este sector, una relevancia y una prioridad en la gestión de las políticas públicas.

 Y es en este sentido, en el que vamos a tener que demostrar que somos capaces de Introducir la Gestión Integral de la RS en los procesos y actividades económicas del sector servicios, principalmente gestionados desde el sector público. Ya comentaba la filósofa Adela Cortina en un artículo de opinión, que “la ética tiene que ver también con la justicia, con ese percatarse de que cualquiera que sea afectado por una actividad social tiene que ser tenido en cuenta al tomar las decisiones que le afectan.”

El territorio, como soporte de la actividad turística, cuenta con unas características propias que nos sitúan ante un verdadero desafío; el usuario de la actividad turística no espera lo mismo de su visita a Barcelona, que de una estancia en la Costa Blanca, ni de su viaje “ultra-planificado” a Perú para visitar el poblado de Machu Picchu. Pero, ¿qué piensa de todo esto el ciudadano Barcelonés, o el habitante de Benidorm, o el lugareño peruano?

Si nos damos cuenta, hasta ahora, sólo se tenían en cuenta los intereses de una parte: la del turista.

¿Y esto por qué? pues muy sencillo, en la actividad económica, tradicionalmente sólo se medía el éxito en base a una variable: La Rentabilidad.

Por suerte esto está cambiando, y nos acercamos a un modelo de gestión integral; pues a pesar de que el concepto rentabilidad puede considerarse válido como fin último de una actividad económica, se ha descubierto que este no es el único, y que está configurado por multitud de componentes. De ahí el triple balance (económico, social y medioambiental) propuesto por la Comisión Europea en su Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas.

Y es que esto es la esencia de la RS, pues no existen recetas ni varitas mágicas que nos conviertan en socialmente responsables por aplicar determinadas políticas. Desde hace unos años, la Responsabilidad Social se está articulando a través de buenos esfuerzos desde la Administración Pública en nuestro país (Estrategia Española de RSE 2014-2020, las guías prácticas para la inclusión de cláusulas de RSE en la contratación del sector público con las que cuentan muchas autonomías, o la futura y acertada Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana, entre otras).

Pero esto, a pesar de ser necesario, no es suficiente. Ahora toca demostrar que creemos en los procesos socialmente responsables, y que hemos metabolizado estos conceptos tan trabajados en los últimos años.

Si se me permite la analogía, los valencianos sabemos que no basta con diseñar un circuito. Hemos de ser capaces de gestionarlo a largo plazo y convertirlo en un recurso de valor. No nos podemos permitir morir de éxito en un sector tan importante para nuestra economía como el turístico.

Sin duda, para los que nos dedicamos a la planificación y la RSE y aquellos que diseñan las políticas públicas, se nos antoja un muy entretenido reto de cara a los próximos años, cargado de “responsabilidad”.

Fuente: https://diarioresponsable.com

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