Hablar de derechos humanos es hablar de obligaciones y de responsabilidades compartidas. Sin derechos humanos, sin su respeto escrupuloso por parte de todos los actores políticos y sociales, ni hay libertad ni hay democracia. Sin derechos humanos no hay responsabilidad social. Los derechos humanos son el basamento y el imperativo legal del estado de derecho y de la embrionaria concepción de la responsabilidad social.

La defensa de los derechos humanos han venido siendo una constante en diversos documentos de los organismos internacionales, hasta que en junio del 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó por consenso su Resolución 17/4 (A/HRC/17/31), mediante la que hizo suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos que figuraban en el Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. Lo que se conoce como el Informe Ruggie.

Los Principios Rectores señalan en su enunciado la necesidad de “proteger, respetar y remediar«, es decir, reflejan el deber del Estado por proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación para poder remediar.

Los Principios Rectores reflejan el deber del Estado por proteger los derechos humanos; la responsabilidad de las empresas de respetarlos, y la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a los mecanismos de reparación para poder remediar.

Con todo ello, partiendo de los Principios Rectores, se insta a los distintos países a que elaboren su propio Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos. En el caso español los trabajos no se demoraron y fueron iniciados y coordinados por la Oficina de Derechos Humanos dependiente de la Dirección General de Naciones Unidas y Derechos Humanos del entonces Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

La existencia de un Gobierno en funciones impidió su rápida aprobación pese a que los procesos de consulta del borrador del Plan se iniciaron en 2013. Se recibieron contribuciones de un gran número de organizaciones de la sociedad civil como ONG, empresas, partidos políticos, sindicatos, académicos y otras instituciones.

Todo ello condujo a diseñar un Plan en el que se señalan uno a uno los 31 Principios Rectores y se les asocia a cada uno de ellos una serie de medidas que procuran el avance en la correcta dirección.

La no aprobación del Plan en España, fruto del contexto político, supuso una ausencia del merecido liderazgo internacional. No podemos olvidar que las empresas españolas son líderes en rendición de cuentas respecto a sus esfuerzos en materia de responsabilidad social en diversas dimensiones.

El Consejo de Ministros aprobó, el 28 de julio de 2017, el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos con el objetivo de aplicar dichos Principios Rectores. Se trata de un Plan que tendrá una duración de tres años y que, tal y como se recoge en el propio texto, debe entenderse no tanto como un resultado definitivo y duradero, sino, más bien, como un primer paso en un proceso continuo en el que se sientan las bases para una mayor concienciación y colaboración en las cuestiones relativas al impacto de la actividad empresarial sobre los derechos humanos.

En la actualidad solo 24 estados miembros de Naciones Unidas tienen un Plan de Acción aprobado, si bien es cierto que algunos estados como Reino Unido ya lo han actualizado y otra veintena se encuentran en proceso avanzado de aprobación.

El Plan contempla entre sus medidas de seguimiento la remisión a las Cortes Generales de una memoria sobre la aplicación con carácter anual (previsiblemente en los meses de diciembre).

Asimismo, en diciembre de 2018 la Comisión de Seguimiento (que cuenta con representación de los distintos departamentos ministeriales afectados) convocó una reunión con representantes de la sociedad civil para informar de su seguimiento. En diciembre de 2019 está previsto un nuevo encuentro de similares características.

Nos queda un largo camino por recorrer, pero España cuenta con un Plan. Existirán elementos matizables y de mejora, pero España tiene voluntad de avance. Un Plan que, previsiblemente, será renovado en julio de 2020.

Podemos sentirnos orgullosos de pertenecer a ese grupo de países pioneros en el marco de Naciones Unidas en desarrollar un Plan, pero debemos ser inconformistas pensando en que en breve empezaremos a trabajar en un Plan renovado, que tome como propios los aciertos del pasado y las deficiencias como oportunidades de mejora.

Partiendo del diálogo y de la interlocución con la sociedad civil es como lograremos dar el avance definitivo en materia de derechos humanos.

Por David Lafuente

Fuente: https://www.compromisoempresarial.com/