Hace un año, Ecuador llevó a cabo una consulta popular histórica en la que el 59% de más de diez millones de votantes se pronunció a favor de prohibir la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un área natural protegida de 10.200 km² localizada en la cuenca amazónica al noreste de ese país.

Tras el resultado de la consulta, la Corte Constitucional de Ecuador ordenó a las autoridades del país desmantelar la planta petrolera del Parque en un plazo de un año, que se cumplirá el próximo 31 de agosto.

Sin embargo, la producción petrolera de la planta es mayor ahora que durante la primera mitad de 2024 y algunas informaciones indican que se abrirían nuevos pozos. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló esta semana que el cierre de los pozos en Yasuní tomaría de tres a cinco años.

Frente a estas noticias, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* expresó este martes gran preocupación e instó al gobierno y las empresas que operan en el Parque Yasuní a aplicar urgentemente la voluntad popular, y a acelerar el proceso de transición.

Mensaje claro

“A través del voto, la nación ecuatoriana envió un mensaje claro al gobierno: Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medio ambiente y de los pueblos indígenas que dependen de él, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles”, puntualizaron los relatores especiales.

El Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad de la Tierra, es un santuario para innumerables especies y el hogar de pueblos indígenas, incluidos pueblos en aislamiento voluntario, que han preservado su forma de vida durante siglos.

En un comunicado conjunto, los expertos subrayaron que el Parque es vital para regular el clima y que su protección evitará millones de emisiones adicionales de gases de efecto invernadero.

Lamentaron que, pese al claro mandato de la población ecuatoriana y de la Corte Constitucional, los avances en la aplicación de los resultados de la consulta popular hayan sido lentos.

El futuro del medio ambiente depende de las decisiones de hoy

En este sentido, advirtieron que cualquier retraso o desviación del mandato del voto supone el riesgo de “socavar la protección del medio ambiente y los esfuerzos de acción por el clima, la integridad de los procesos democráticos de Ecuador y de amenazar los derechos humanos».

“Como resultado de la votación, los proyectos existentes y futuros deben ser detenidos y desmantelados, y el medio ambiente restaurado. El futuro del Parque Nacional Yasuní, de sus habitantes, de las generaciones futuras y del medio ambiente mundial depende de las medidas que se tomen hoy”, recalcaron.

En este sentido, pidieron que se mantenga el dialogo con la sociedad civil y los pueblos indígenas para garantizar que se escuchan sus voces y se respetan sus derechos a lo largo de todo el proceso.

Los expertos afirmaron ser conscientes de que la explotación de la planta de Yasuní aporta el 13% de la producción nacional de crudo y de que su cierre es costoso y complicado, pero llamaron al gobierno a cumplir con las obligaciones legales, avanzar en una transición justa, incluyendo la financiación del desarrollo por otros medios, sin eludir la decisión del pueblo.

Con respecto a los medios alternativos, refirieron que se plantean en el informe del relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, y en una Carta abierta enviada al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tras su elección en octubre de 2023.

Los expertos firmantes del comunicado son: Olivier De Schutter, relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; Fernanda Hopenhaym, Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale y Lyra Jakulevičienė, del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales; Marcos A. Orellana, relator especial sobre las consecuencias para los derechos humanos de la gestión y eliminación ambientalmente racionales de las sustancias y desechos peligrosos, Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible

* Los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de Derechos Humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Fuente: https://news.un.org/