Bélgica, Chile y Francia ya lo han reconocido como un crimen y el 72% de los ciudadanos de los países del G20 asegura que debería serlo.

La lucha por la protección del medioambiente ha dado un paso decisivo en su historia reciente. El ecocidio se está abriendo camino hacia los códigos penales de varias naciones, marcando un punto de inflexión en la forma en que los gobiernos y las grandes empresas se enfrentan a la crisis climática.

El término, que describe los daños graves e irreversibles causados al ecosistema, ya ha sido reconocido como delito en Bélgica, Chile y Francia, y está en proceso de ser legislado en países como Brasil, Italia, México y Perú. Pero, ¿qué significa realmente este cambio para la sociedad y cómo afectará a los responsables de la destrucción ambiental?

Hasta el momento, lo que se puede confirmar es que una gran mayoría de los ciudadanos de las principales economías del mundo están exigiendo acciones concretas para enfrentar esta realidad. Así lo indica un estudio reciente de Earth4All: el 72% de los países de las personas encuestadas en 18 países del G20, excluyendo a Rusia, apoyan que se considere un delito penal.

Esto incluye que se identifique como crimen que los gobiernos o líderes de grandes empresas aprueben o permitan acciones que causen daños al medioambiente o al clima. Un respaldo que refleja la creciente conciencia global sobre la urgente necesidad de proteger lo que los expertos llaman «los bienes comunes globales»: los ecosistemas, los recursos naturales y las condiciones climáticas que sustentan toda la vida en la Tierra.

Por el planeta

El estudio deja claro que la preocupación por el estado actual de la naturaleza ha alcanzado nuevos niveles. De hecho, casi el 60% de los encuestados se declara «muy o extremadamente preocupado» por la salud del planeta, un aumento exponencial con respecto al sondeo de 2021.

Además, el 69% de quienes respondieron a este cuestionario cree que el mundo está cerca de puntos de inflexión climáticos y ecológicos, es decir, se aproxima a momentos donde el daño será irreversible si no se toman medidas drásticas.

Este cambio, además de reflejar un mayor interés por los efectos inmediatos del calentamiento global, tales como las olas de calor, las inundaciones o la pérdida de biodiversidad, supone un apoyo creciente hacia medidas legislativas para sancionar a aquellos que sean responsables de estas catástrofes.

«Nos sorprendió el apoyo mayoritario (72%) a la criminalización de acciones que permiten causar graves daños al clima», señala Owen Gaffney, codirector de la iniciativa Earth4All. Y añade: «La mayoría de las personas quiere proteger los bienes comunes globales; el 71% cree que el mundo necesita tomar medidas de inmediato».

Nueva normativa penal

El término ecocidio, acuñado por primera vez en 1972 por Olof Palme, ha ganado un nuevo impulso en los últimos años gracias a la creciente presión de la sociedad civil y las organizaciones gubernamentales.

Como indicábamos algunos párrafos atrás, esta expresión hace referencia a cualquier acto ilícito o irresponsable que cause daños graves al medioambiente, ya sea por la contaminación de ríos y suelos, la deforestación masiva o la emisión descontrolada de gases de efecto invernado.

Porque, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, estos crímenes no solo atañen a la propia naturaleza, sino que también afectan aquellas comunidades que dependes de estos ecosistemas para su subsistencia.

Un claro ejemplo de este avance legal es el caso de Bélgica, donde el ecocidio ha sido reconocido como delito federal a principios de este año. Este país, pionero en la legislación ambiental, ya había implementado leyes estrictas para la protección de la biodiversidad, pero, ahora, con esta nueva incorporación en su código penal, envía un mensaje fuerte y claro a quienes destruyen el medioambiente: los daños graves ya no quedarán impunes.

Francia y Chile han seguido el mismo camino, adoptando leyes similares que penalizan a individuos y corporaciones por actos que afecten negativamente a los ecosistemas. Estas legislaciones, que se centran en sancionar la destrucción de recursos naturales esenciales, buscan castigar a los culpables y disuadir futuros actos de ecocidio. Las multas severas y, en algunos casos, penas de prisión, forman parte de las medidas correctivas.

Además, países como Brasil —especialmente relevante por la Amazonia—, Italia, México, Países Bajos y Escocia han presentado proyecto de ley que buscan integrar esta medida en sus códigos legales. En muchos casos, la presión de la sociedad civil ha sido el motor principal de estas propuestas.

Incluso dentro de la Unión Europea, la reciente Directiva revisada sobre delitos ambientales incluye el ecocidio como un «delito calificado», lo que significa que los Estados miembros tienen dos años para incorporar estas formas en sus legislaciones nacionales.

Los guardianes

Lo que ha impulsado este avance legal a nivel global es la creciente demanda de los ciudadanos por una acción más firme y decidida. Earth4All clasifica a los encuestados en cinco grupos o «segmentos de gestión», destacando que los «guardianes del planeta», los «optimistas preocupados» y los «progresistas constantes» constituyen el 61% de la población en los países del G20.

Estas agrupaciones son las abogan por un cambio sistémico urgente para abordar la crisis ambiental y creen que las acciones individuales ya no son suficientes. En concreto, los guardianes del planeta destacan por su activismo y su fuerte sentido de urgencia. El 97% de este grupo cree que se necesitan medidas inmediatas para evitar los peores efectos del calentamiento global.

Para ellos, la criminalización del ecocidio es un paso crucial para responsabilizar a los principales culpables, que suelen ser grandes empresas y gobiernos que han fallado en la protección del medioambiente. «La prevención de daños es siempre la mejor política y de eso trata la ley sobre el ecocidio», afirmó Jojo Mehta, cofundador y director ejecutivo de Stop Ecocide International.

Sin embargo, este no es el único grupo que identifican. Como bien adelantábamos, existen los «optimistas preocupados» (23%), que, aunque con una alta inquietud por el cambio climático, mantiene una actitud más esperanzadora. Creen que las soluciones tecnológicas y las reformas graduales pueden ser efectivas.

En la misma línea, los «progresistas constantes» (22%), aquellos que buscan un equilibrio entre la sostenibilidad ambientan y el crecimiento económico, optando por medidas dentro de los marcos políticos existentes.

Opuestos, se sitúan los «escépticos del clima» (13%), que no consideran el cambio climático como una amenaza inminente y se oponen a las políticas ambientales que puedan afectar a la libertad individual o el crecimiento económico. Y, por último, «los no comprometidos» (14%) que muestran falta de interés tanto en las cuestiones ambientales como en las políticas.

Percepción del cambio climático

Uno de los aspectos destacados de la investigación es la disparidad en la percepción del cambio climático según el género y la ubicación geográfica. Las mujeres, por ejemplo, tienden a mostrar mayores niveles de preocupación por el estado actual de la naturaleza y las generaciones futuras que los hombres.

Según la encuesta, el 62% de ellas están «extremadamente o muy preocupadas» por el estado del ecosistema, en comparación con el 56% de los hombres. Además, el 74% de las mujeres cree que se deben tomar medidas importantes en la próxima década, frente al 68% de los hombres.

Esta diferencia de percepción también se refleja en la confianza en la tecnología para resolver los problemas ambientales. Mientras que el 44% de los hombres cree que la tecnología puede solucionar la crisis climática sin grandes cambios en el estilo de vida, solo el 35% de las mujeres comparte esta opinión.

En términos de diferencias geográficas, las economías emergentes como India, China e Indonesia son las que muestran mayor nivel de preocupación y exposición percibida al calentamiento global. El 87% de los encuestados en India, por ejemplo, se sienten personalmente expuestos a los riesgos ambientales, en comparación con solo el 54% en Europa o Estados Unidos.

Una disparidad que puede estar relacionada con el impacto directo del cambio climático en regiones vulnerables, donde las sequías, las inundaciones y los fenómenos extremos son más frecuentes y devastadores.

Fuente: https://www.elespanol.com/