“Una empresa ética es un bien público, del que se beneficia la sociedad en su conjunto. Pero también pueden tratar de influir en el gobierno y en la sociedad para que se genere y se ponga en vigor una legitimización acorde con los derechos humanos”.

Amartya Sen.

La evolución de los conflictos generados por la guerra y la violencia en las sociedades contemporáneas han modificado el concepto tradicional de paz, que ha evolucionado de una noción simplista, de ausencia de guerra, a un concepto más global e integrador relacionado con el fomento de una coexistencia democrática e igualitaria. En definitiva, este nuevo enfoque asocia y relaciona la construcción de la paz con el objetivo del desarrollo.

En algunas sociedades, el nivel de violencia y criminalidad es a veces más elevado que en otros países que han pasado por conflictos políticos de alta intensidad. Las raíces de esta violencia son esencialmente las desigualdades y la ausencia de alternativas económicas, donde la capacidad de resolver este tipo de problemas es limitada. Bien se trate de violencia social, política o de situaciones postconflicto, se hace patente la necesidad de contar con una sociedad civil fuerte.

Son muchas las experiencias que nos demuestran que la paz solo puede ser sostenible a largo plazo si se transforma en un proyecto conjunto de la sociedad. Los procesos de reconciliación tienen que abrirse a todos los grupos sociales y deben crearse espacios de diálogo entre las comunidades divididas. Es evidente que el Estado es incapaz por sí solo de remediar los déficits de riqueza y seguridad y debe contar con otros actores nacionales e internacionales para conseguir un equilibrio sostenible de paz y desarrollo.

En ese contexto, las empresas se constituyen como una pieza clave para articular el necesario crecimiento económico que rompa definitivamente el ciclo de pobreza y violencia. Ese papel esencial en el proceso de reconciliación y en la distribución de los dividendos de la paz debe tener como objetivo esencial integrar a los ciudadanos en un partenariado de reconstrucción más participativo después de los conflictos.

La mejora de las condiciones de vida y la creación de oportunidades profesionales deben ser el objetivo central para romper el círculo de pobreza y desempleo que en la actualidad constituyen las primeras causas de criminalidad y violencia, especialmente en los centros urbanos. Ahí las empresas desempeñan un papel fundamental de cohesión social. En las situaciones post-conflicto, la integración sociolaboral de jóvenes marginados que viven fuera del mercado o del sistema educativo fomentan una cultura de paz.

Los programas de inversión comunitaria, formación profesional, voluntariado corporativo, capacitación interna en derechos humanos, preservación y restitución medioambiental, dialogo intercultural o apoyo a planes locales de reducción de la violencia son iniciativas que las empresas pueden y deben aplicar en sus objetivos estratégicos.

Es necesario que las empresas integren la cultura de la paz y los derechos humanos en el núcleo duro de las organizaciones. Deben por tanto identificar los aspectos de su actividad que influyen sobre los derechos humanos, diseñar prácticas para su respeto y promoción, evaluar sus impactos y comprometer a todos los actores en los entornos donde operan.

Están en juego los derechos de varias generaciones; el derecho a la vida, a la seguridad; el precio de los alimentos, la libre asociación, la no discriminación, el salario digno, la inclusión social…; en definitiva, el derecho al desarrollo.

Ese nuevo modelo de empresa como actor y motor de la paz y los derechos humanos debe ser asumido desde dentro y extenderse a sus áreas de influencia; esto permitirá su legitimación social y sin duda aumentará su competitividad.

Las empresas pueden contribuir notablemente a romper el círculo vicioso de la violencia y la fractura social en los contextos de conflicto, extendiendo y visualizando sus buenas prácticas. Citando a Amartya Sen, “una empresa ética es un bien público, del que se beneficia la sociedad en su conjunto. Pero también pueden tratar de influir en el gobierno y en la sociedad para que se genere y se ponga en vigor una legitimización acorde con los derechos humanos”. El desarrollo no es solo tarea de los Estados. A la empresa también la compete ese objetivo, que no es otro que la construcción de una ciudadanía que comparta los valores de justicia, equidad y paz.

Eliseo Cuadrao de la Guía

Director de la Fundación General de la UCLM