Un estudio llevado a cabo por Carbone 4, en colaboración con ECODES, ha revelado que una posible Ley de Compra Pública Europea Sostenible podría generar más de 23,600 empleos verdes y contribuir a una reducción adicional del 30% en la huella de carbono de España. Además, los expertos sugieren que esta directiva podría movilizar hasta 6450 millones de euros para iniciativas de descarbonización.

La adopción de la contratación pública basada en criterios de sostenibilidad en España no solo representaría un avance crucial para mitigar el cambio climático, sino que también tendría un impacto significativo en la economía y el empleo del país. Este panorama se ilustra a través de un estudio realizado por la consultora Carbone 4 en colaboración con ECODES, que detalla los criterios necesarios para una posible Ley de Compra Pública Europea y Sostenible. Esta legislación se propone acelerar la transición hacia una economía baja en carbono y fortalecer la resiliencia de diversos sectores económicos.

La promoción de la sostenibilidad en la contratación pública generaría una demanda creciente de bienes y servicios sostenibles, lo que estimularía la inversión y la innovación en sectores estratégicos como las energías renovables, la eficiencia energética, la gestión de residuos y el transporte sostenible. Esto, a su vez, impulsaría el crecimiento de empresas dedicadas a ofrecer soluciones sostenibles, contribuyendo así a mejorar la competitividad y diversificar la economía.

Además, al priorizar proveedores que cumplan con estándares ambientales y sociales, la contratación pública sostenible serviría como catalizador para la creación de empleo de calidad. Este enfoque también fomentaría la inclusión social y la reducción de la desigualdad al promover la contratación de empresas locales, PYMEs y organizaciones lideradas por grupos subrepresentados, como mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.

El análisis se centra en productos que son grandes emisores de gases de efecto invernadero (GEI) y que representan una parte significativa del mercado de compra pública, como el acero, aluminio, cemento, construcción, vehículos, alimentos y servicios de restauración. La aplicación de esta propuesta de ley podría reducir la huella de carbono de la contratación pública española en un 22% entre 2019 y 2021, y en un 7% si se considera el conjunto de la compra pública en el mismo período. Además, se estima una disminución media anual de emisiones de gases de efecto invernadero de 2.17 MtCO2e.

Otro aspecto destacado es el impacto económico y social positivo de esta medida. Se proyecta la creación de 23,650 empleos adicionales en sectores verdes y una movilización de 6,450 millones de euros para la descarbonización. La contratación pública representa el 10% de la huella de carbono total de la Unión Europea y el 15% de su PIB, pero el 80% de los contratos públicos aún se adjudican únicamente en función del precio, sin considerar la sostenibilidad ni el localismo. Por lo tanto, es urgente promulgar una ley comunitaria que aborde esta situación.

En términos climáticos, la aplicación de la Ley de Compra Pública Europea y Sostenible entre 2019 y 2021 habría reducido la huella de carbono de la UE en un 9%, lo que equivaldría a una reducción adicional del 64% en la disminución de la huella de carbono comunitaria. Además, se espera la creación de 380,000 empleos adicionales en sectores verdes y un aumento de 6,000 millones de euros en las ventas de empresas europeas, junto con una movilización de 85,000 millones de euros para la descarbonización a través de la contratación pública. La integración de criterios ambiciosos de sostenibilidad y localidad en la Directiva Europea de Contratación Pública durante los primeros 100 días de la próxima Comisión Europea garantizaría oportunidades para las empresas y los agricultores europeos comprometidos con normas alineadas con el Acuerdo de París.

Fuente: https://diarioresponsable.com/