Del 3 de octubre al 5 de octubre se ha celebrado en Madrid la cuarta edición del Business and Human Rights Forum for Legal Practitioners, organizado por la Unión Internacional de Abogados (UIA). El Foro se ha centrado en los desafíos a los que se enfrentan los abogados en la protección de los derechos humanos, así como en las áreas de medioambiente, energía y cambio climático, con un enfoque avanzado en finanzas, contratos y litigios.

Uno de los paneles celebrados en el Foro se centró en las ‘Obligaciones éticas de los abogados’, siendo moderado por Dª Isabel Winkels Arce, Vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En esta sección, D. Steven M. Richman, codirector de la Sección de Estado de derecho de la UIA y miembro de Clark Hill PLC en Princeton, y Dª Teresa Ruano Mochales, asociada senior de Pinsent Masons y profesora asociada de Derecho Penal y de Ética y Valores en IE Law School, analizaron los desarrollos normativos recientes que han incidido en la interpretación del alcance del cumplimiento ético de sus obligaciones por parte de los abogados, por un lado, en el marco de Estados Unidos y, por otro lado, en el entorno europeo.

En este escenario, los ponentes abordaron temas críticos como la actuación ética de los abogados en el esquema normativo internacional de protección de los derechos humanos, como expresan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como las implicaciones en la práctica profesional a raíz de los desarrollos normativos producidos en Estados Unidos con la Corporate Transparency Act y en Europa con la aprobación de la Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022, referida a la información sobre sostenibilidad de las empresas, así como la Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad.

En su intervención, la profesora Ruano Mochales enfatizó la relevancia de la actuación ética del abogado en el entorno legal actual, en el que, a raíz de las iniciativas legales que se han venido adoptando a nivel mundial, y en el concreto marco de la Unión Europea, la labor de asesoramiento legal en relación con la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza, sin duda va a constituir una pieza clave en el desarrollo de la actividad de las sociedades y en los posibles escenarios en los que puedan adentrarse en conflictos relacionados con estas materias.

Del 3 de octubre al 5 de octubre se ha celebrado en Madrid la cuarta edición del Business and Human Rights Forum for Legal Practitioners, organizado por la Unión Internacional de Abogados (UIA). El Foro se ha centrado en los desafíos a los que se enfrentan los abogados en la protección de los derechos humanos, así como en las áreas de medioambiente, energía y cambio climático, con un enfoque avanzado en finanzas, contratos y litigios.

Uno de los paneles celebrados en el Foro se centró en las ‘Obligaciones éticas de los abogados’, siendo moderado por Dª Isabel Winkels Arce, Vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). En esta sección, D. Steven M. Richman, codirector de la Sección de Estado de derecho de la UIA y miembro de Clark Hill PLC en Princeton, y Dª Teresa Ruano Mochales, asociada senior de Pinsent Masons y profesora asociada de Derecho Penal y de Ética y Valores en IE Law School, analizaron los desarrollos normativos recientes que han incidido en la interpretación del alcance del cumplimiento ético de sus obligaciones por parte de los abogados, por un lado, en el marco de Estados Unidos y, por otro lado, en el entorno europeo.

En este escenario, los ponentes abordaron temas críticos como la actuación ética de los abogados en el esquema normativo internacional de protección de los derechos humanos, como expresan los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, así como las implicaciones en la práctica profesional a raíz de los desarrollos normativos producidos en Estados Unidos con la Corporate Transparency Act y en Europa con la aprobación de la Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022, referida a la información sobre sostenibilidad de las empresas, así como la Directiva 2024/1760, de 13 de junio de 2024, sobre la debida diligencia de las empresas en materia de sostenibilidad.

En su intervención, la profesora Ruano Mochales enfatizó la relevancia de la actuación ética del abogado en el entorno legal actual, en el que, a raíz de las iniciativas legales que se han venido adoptando a nivel mundial, y en el concreto marco de la Unión Europea, la labor de asesoramiento legal en relación con la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza, sin duda va a constituir una pieza clave en el desarrollo de la actividad de las sociedades y en los posibles escenarios en los que puedan adentrarse en conflictos relacionados con estas materias.

En este entorno internacional en constante evolución, de lucha por la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y la gobernanza, impulsado con fuerza en la Unión Europea con las Directivas aprobadas en materia de sostenibilidad, se abre un campo muy amplio de intervención profesional para los abogados.

Desde su visión global, el abogado puede adoptar un papel decisivo en la configuración y aplicación de los procedimientos de debida diligencia respecto de las operaciones de las empresas clientes, las de sus filiales y las de sus socios comerciales directos e indirectos, a lo largo de sus cadenas de actividades; en la evaluación y gestión de riesgos para los derechos humanos; así como en el cumplimiento de los deberes de transparencia de acuerdo con los dictados comunitarios sobre sostenibilidad.

Ciertamente, este examen legal de las cadenas de suministro va a ser ciertamente complejo, si tenemos además presente la envergadura que pueden alcanzar las cadenas de empresas multinacionales, así como el hecho de que se deben prevenir los efectos adversos para los derechos humanos y para el medioambiente a lo largo del ciclo de producción, distribución, transporte y almacenamiento del producto o de la prestación de servicios, y no solo a nivel de las propias operaciones de las empresas, sino también de las de sus filiales y las de sus socios comerciales.

En esta misma línea argumental, es vital el alcance de la influencia que pueden llegar a tener los abogados en el cumplimiento de esta normativa dentro del esquema global de gobierno corporativo, puesto que pueden apoyar a los administradores de las compañías en la construcción de un mensaje ético consistente, que coadyuve al fortalecimiento de una cultura corporativa con una operativa sostenible arraigada. Con su intervención en el asesoramiento dentro del seno de los Consejos de Administración, sin duda pueden promover el cumplimiento de las políticas y protocolos implementados en prevención de estos riesgos, y, por ende, su aplicación efectiva en el desarrollo de su actividad de forma acorde a su reputación en el mercado.

Este camino solo lo puede recorrer el abogado si toma conciencia de su posición estratégica en el centro de la administración de justicia, que le obliga a acatar el cumplimiento estricto de las normas deontológicas a las que se somete en cada jurisdicción, y de su insignia añadida como guardián ético en el área de estas iniciativas legales.

En definitiva, en su labor de asesoramiento legal en estas materias, el abogado puede impulsar la protección de los humanos y el medioambiente de forma firme, en línea con lo dispuesto en los Principios Rectores de las Naciones Unidas y otras disposiciones internacionales, así como en consonancia con los dictados de las Directivas aprobadas a nivel comunitario destinadas a promover la protección de los derechos humanos, incrementar la transparencia corporativa, así como garantizar la sostenibilidad ambiental.

Teresa Ruano Mochales es asociada senior en Pinsent Masons y profesora en IE Law School.

Fuente: https://www.elespanol.com/