La OIT, el proyecto CERALC y la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile han presentado un primer diagnóstico de los avances que se han logrado en la implementación de las herramientas y lineamientos de los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas (PRNU). Toma como muestra a las grandes empresas abiertas en la Bolsa de Santiago.

Los indicadores evaluados reflejan las expectativas fundamentales de los Principios Rectores en compromisos, debida diligencia en DDHH, y acceso a reparación.

El objetivo del estudio es levantar información que permita a los actores públicos, a la academia, a la sociedad civil y al sector empresarial, identificar el nivel actual de progreso en la implementación del marco, de manera de sentar una línea base desde dónde competir, seguir avanzando y evaluar la conveniencia de reforzar políticas públicas y normativas sectoriales.

Los resultados muestran que de las 29 empresas evaluadas, y de un total posible de 24 puntos, el mayor puntaje obtenido fue de 21,5 puntos y el menor, 2,5 puntos. La mediana fue de 8,5 puntos, lo que muestra una gran oportunidad para mejorar en la implementación de los PRNU en las empresas evaluadas. El promedio fue de 9 puntos.

De manera general, los autores concluyen que un porcentaje considerable de la muestra evaluada de grandes empresas no dispone por el momento con un compromiso político de respeto por los derechos humanos que cumpla con los requisitos definidos por los PRNU, como son el hecho de constar en una política formal y ser aprobado por el máximo órgano directivo de la empresa. Nueve de las veintinueve empresas evaluadas se encuentran en esta situación, representando un 31% de la muestra.

También existe un grupo relevante de empresas que, a pesar de contar con una política de derechos humanos o expresar su compromiso con ellos en alguna política formal, sólo manifiesta dicho compromiso de forma abierta y genérica. El 34% de las empresas evaluadas pertenece a este grupo, conformado por diez empresas. En general, el compromiso con los derechos humanos expresado por estas empresas o no es claro respecto a qué derechos específicos considera, o no explicita la expectativa de extenderlos a los proveedores de la empresa, o tampoco especifica quiénes son los responsables al interior de la compañía de verificar el cumplimiento general y la gestión de los sistemas de identificación y gestión continua de riesgos en derechos humanos.

No obstante lo anterior, también se identificaron algunas empresas con muy buenas políticas de derechos humanos que cumplen con un porcentaje relevante de los indicadores del área, lo cual demuestra un mayor nivel de conocimiento y madurez del marco de derechos humanos en nuestro país. El 34% de las empresas de la muestra pertenece a este grupo (diez de un total de veintinueve).

Los ejemplos incluidos en el documento también sugieren una comprensión bastante avanzada de los elementos constitutivos del marco de los PRNU para un tercio de las empresas del índice IPSA Chile, lo cual refleja un resultado relativamente positivo. Dado que se analizó una muestra relevante de las grandes empresas en Chile, es un porcentaje destacable, si bien permite entrever que quedan importantes desafíos pendientes en cuanto a una promoción más generalizada del estándar.

Luego, como suele ser la tendencia a nivel comparado, el número de empresas que pone en práctica sus políticas a través de la implementación de procesos de debida diligencia es un poco menor: sólo un 28% de las empresas del índice IPSA Chile declaran haber realizado o estar realizando procesos de debida diligencia. Ahora bien, muchas de aquéllas que declaran lo anterior fallan luego en dar detalles de las características de dichos procesos, en explicitar si han sido realizados con asesoría de expertos, en decir sí incluyeron consultas a grupos de interés, o en proporcionar indicadores adicionales que permitan determinar el nivel de profundidad y robustez de dichos procesos.

Finalmente, el documento destaca un repunte en la última área asociada a mecanismos de reclamación y remediación, ya que aproximadamente el 50% de las empresas evaluadas reportan contar con dichos mecanismos. Ello se debe en gran medida a la sofisticación de los canales de denuncia que han implementado las empresas en los últimos años, al menos las grandes, y otorga a este importante porcentaje de empresas un nivel de cumplimiento significativo en este apartado.

Por último, aunque el tema de la remediación también se incluye en la última sección, en general los indicadores asociados a este aspecto no fueron alcanzados por las empresas evaluadas. Ello es coherente con otros ejercicios de medición realizados a nivel internacional y puede merecer un análisis profundo más particular sobre el tema.

«Tal como hemos visto en nuestra evaluación global, el presente estudio muestra que si bien hay un número de empresas en Chile demostrando liderazgo y dando los primeros pasos en sus esfuerzos en materia de derechos humanos, aún queda mucho camino por recorrer. Esperamos que este informe sirva como guía y herramienta –para las empresas, gobierno, inversores, sociedad civil, trabajadores y académicos– para avanzar juntos hacia un país más justo, equitativo y respetuoso de los derechos humanos», expresó Sofía del Valle, Engagement Manager & Social Transformation de World Benchmarking Alliance.