El avance y desarrollo del marco conceptual y de las herramientas e instrumentos prácticos del paradigma de la responsabilidad social y la sustentabilidad (RSyS) ha sido muy significativo en las últimas décadas. Hay muestras de ello en todos los espacios y aspectos que se pretenda analizar. El ámbito empresarial, desde las grandes corporaciones hasta las pymes, así como las organizaciones del tercer sector y las de la economía social en particular, las universidades, la iglesia, los medios de comunicación, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil, han sido protagonistas y propulsores de debates y experiencias.

El ámbito estatal o gubernamental es tal vez uno de los más relegados en la apropiación y aplicación de los conceptos y en la producción y desarrollo de políticas y estrategias concretas. La pregunta – si coincidimos con esta premisa – es por qué los gobiernos en todos sus niveles han estado más relegados en esta materia. Las propias características del Estado como institución de la sociedad, ha hecho que algunos autores hablen de cierta redundancia, basados en que los principios de la RSyS hacen a su naturaleza y funciones identitarias; lo mismo sucede en el ámbito de las cooperativas, donde existe un acuerdo generalizado en relación a la similitud de sus principios con los postulados de la RSyS. Pero es probable que esta creencia haya contribuido, entre otros factores, a no aprovechar y a descuidar ese rol.

Lo cierto es que en la mayoría de los países latinoamericanos, con la honrosa excepción de las Universidades y algunas ciudades que son consideradas referentes, el ámbito estatal ha tenido una exigua y dispersa participación en la construcción y desarrollo de los aspectos conceptuales y de experiencias concretas de responsabilidad social y sustentabilidad.

La mayoría de los especialistas coinciden en señalar que el rol desempeñado por el Estado en materia de RSyS ha sido el de simple promotor, fundamentalmente hacia el ámbito empresarial; a través de la generación de programas, sellos y beneficios para quienes trabajaran en la temática. La promoción se produjo incluso, a partir de la sanción de algunas normas, que en diversos países latinoamericanos fueron iniciadas en los últimos años, por el propio ejecutivo, adquiriendo rango de ley.

Sin desmerecer este rol, que sin dudas fue importante en un momento embrionario del desarrollo del paradigma, lo cierto es que en general, se ha quedado frenado allí. Poco se ha avanzado en la creación de prácticas internas hacia la propia administración pública. Y éste es tal vez el aspecto más interesante que quisiera poner en debate, pues es contradictorio y cuestionable que el Estado promueva hacer lo que no hace como organización. Esto adquiere mayor importancia en el contexto actual, ante una realidad social compleja, con índices de pobreza crecientes que parecen contradecir a los objetivos de ponerle fin, y con millones de personas que sufren problemas concretos de accesibilidad a los servicios y derechos más básicos de un Estado organizado. Contexto en el que además, se ha venido cuestionando de manera creciente, el accionar de la gestión pública y específicamente el rol de funcionarios, gobernantes y representantes, por hechos de corrupción, falta de transparencia o por acciones que resultan contrarias a los intereses de la comunidad y sus representados.

Parece entonces no ser suficiente esta coincidencia de naturaleza organizacional y principios o postulados de la RSyS. Es razonable pensar que existen factores que han oficiado de barreras o limitantes: ¿la falta de formación de dirigentes y funcionarios en la materia?, ¿la escasa asignación de recursos específicos?, ¿la falta de integración de programas, áreas y/o estructuras?, ¿la discontinuidad de las iniciativas en el tiempo?, ¿la ausencia de visión de los funcionarios y/o sus equipos de gobierno sobre la importancia estratégica de la temática?, ¿o tal vez una combinación de varios de estos factores?

Ante ello entiendo que resulta necesario avanzar en el diseño de acciones más complejas, enmarcadas en procesos de planeamiento institucional, que se correspondan con otros niveles decisionales y que trasciendan a los equipos de gestión y concretamente, a quienes ejercen el rol de gobernar y administrar la “cosa pública”. Resulta ineludible además que el tratamiento de las iniciativas de responsabilidad social sea abordado desde políticas públicas específicas para cada una de las materias, pero a su vez, integradas a toda la administración pública, desde una mirada holística y sistémica de la gestión.

En el marco de una investigación que llevamos a cabo en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Argentina, identificamos algunos aspectos de la aplicación de la RSyS en el ámbito estatal, que dan cuenta de ciertos avances fundamentalmente en ciudades latinoamericanas consideradas referentes, como Curitiba y San Pablo en Brasil; Mendoza, Rosario y Córdoba, en Argentina; Bogotá, Cali y Medellín en Colombia; entre otras ciudades y países. En éstas se evidencian políticas que superan el rol estatal de difusión y promoción de acciones empresariales sustentables y socialmente responsables. Pueden mencionarse como ejemplos, la incorporación de espacios específicos dentro de la estructura organizacional para proyectar y llevar adelante las iniciativas; la integración de acciones y proyectos en programas interinstitucionales de mayor amplitud; el consenso con actores de la comunidad y stakeholders internos, para el diseño y puesta en marcha de las iniciativas; el monitoreo de algunas áreas y programas a través de indicadores; y un importante número de acciones en materia medioambiental.

Si bien estas experiencias identificadas muestran un avance en este sentido, entiendo que no pueden considerarse como parte de un proceso masivo, sino más bien como iniciativas aisladas. El desafío está entonces en asumir una participación mucho más proactiva en la materia, planear estratégicamente las acciones más allá del cumplimiento de los roles del Estado, de las leyes y de los tratados internacionales. Es también un desafío, aprovechar las potencialidades que le da su naturaleza, en la construcción de redes, en la creación de espacios de diálogo y participación ciudadana, en el desarrollo de estructuras y órganos especiales y fundamentalmente en el desarrollo de políticas de Estado.

Claramente esto podría impactar de manera directa en la calidad de los servicios prestados y consecuentemente en la calidad de vida de los ciudadanos, de los agentes de la administración pública y de las comunidades en general.

Por  Fabián Gustavo Tisocco