El pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 8 de julio de 2015 en primera lectura la Directiva sobre gobernanza corporativa y compromiso a largo plazo de los accionistas, cuyo ponente ha sido el eurodiputado socialista Sergio Cofferati.

Este informe, al que sin duda aguarda todavía una dura negociación con el Consejo de la Unión Europea, supone un avance muy importante de varios frentes relacionados con el buen gobierno corporativo y la transparencia, incluyendo la fiscal. En este sentido, cabe destacar en primer lugar la inclusión de la obligación de elaborar informes contables y financieros país por país, lo que permitirá que accionistas y ciudadanos puedan conocer donde facturan las grandes empresas multinacionales y donde liquidan sus impuestos. La aprobación en comisión de esta medida motivó que los grupos de la derecha europea (populares, conservadores y una parte de los liberales) forzaran una inédita votación en pleno, que no ha impedido por otro lado el mantenimiento de la misma en el texto. También se recoge la obligación de transparencia por parte de la empresa cotizada respecto de las resoluciones fiscales (conocidos como tax rulings) de las que sea beneficiaria.

Más allá de estos logros, sin duda importante en el marco de la lucha por transparencia fiscal y la erradicación de laelusión, la Directiva en su versión del Parlamento exige también que sean conocidos los accionistas de las empresas cotizadas, además de incorporar incentivos para que los inversores y fondos mantengan una presencia a largo plazo en las compañías, de modo que no sean los movimientos de capital de carácter especulativo los que definan el desempeño de la mercantil y en consecuencia la remuneración de los directivos. Estos incentivos, que tienen que ser desarrollados por los Estados miembros, consistirán en derechos de voto adicionales, descuentos fiscales, así como pagos en acciones y dividendos extra, denominados “de lealtad”.

En este sentido, se refuerzan los derechos de los accionistas, el buen gobierno corporativo y el interés público en general al establecer que dichas remuneraciones tienen que ser aprobadas en junta de accionistas, con base a los resultados a largo plazo de la empresa. Asimismo, se incluye otro elemento de transparencia, relevante desde el punto de vista de la RSE (Responsabilidad Social de la Empresa), cual es la publicación de la ratio entre la remuneración de los directivos y el sueldo medio del empleado.

En conjunto, este paquete de medidas constituye un importante cambio de paradigma en la concepción del legislador europeo sobre las grandes empresas multinacionales y cotizadas. La crisis financiera y económica iniciada en el verano de 2007 ha puesto de relieve que los comportamientos cortoplacistas, así como las simples malas prácticas empresariales, han derivado en una asunción excesiva de riesgos que ha puesto en jaque al conjunto de la economía. Al mismo tiempo, las remuneraciones excesivas e injustificadas han dado cobertura a estilos de vida desmesurados por parte de unos pocos privilegiados, además de dar carta de naturaleza a una creciente y preocupante desigualdad del ingreso y de la riqueza.

La filosofía que inspira esta Directiva es clara. Estas empresas tienen una obligación de transparencia, en primer lugar con sus accionistas, pero también como la ciudadanía,  pues de su conducta pueden derivarse externalidades negativas para toda la sociedad. En consecuencia, es preciso alinear correctamente los incentivos de accionistas y directores para limitar las pulsiones especulativas y el riesgo excesivo, finalidad a la que responde el texto aprobado. El Parlamento Europeo y la sociedad civil europea deberán ahora mantenerse firmes en la negociación con el Consejo, de lo contrario, al igual que en la novela “El viejo y el mar”, de Ernest Hemingway, cuando el pescado llegue a puerto, solo quedarán de él las espinas.

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