Una empresa que permite la integración de representantes de grupos vulnerables en sus procesos no debe verse como una moda, sino que ofrece confianza y mejora la atmósfera social en su conjunto.

La reputación de una empresa o grupo empresarial podría verse seriamente afectada de manera directa por acciones relacionadas al atropello de los derechos humanos de sus empleados o, sustancialmente beneficiada cuando se protegen las garantías individuales, e incluso, las llegan a promover.

En el último caso, los grupos empresariales llegan a recaudar considerables niveles de riqueza, producto de una oportuna intervención de la mano de asesores que orienten acciones para garantizar el respeto a las garantías individuales, de esta forma se consolida una confianza entre consumidores y accionistas o socios de estos negocios.

Algunas de las reflexiones que deja la actual pandemia de Covid-19 es que, en el poderoso mundo de los negocios, la sociedad y sus expresiones de organización se han adaptado a las necesidades de hacer negocios, privilegiando la cultura al derecho elemental a favor de todas las personas.

Esto, sin soslayar la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, política, jurídica, de territorio, nivel académico, edad o género; en el mundo de los derechos humanos todas las personas somos iguales y tenemos el mismo valor.

Pero hay que tomar en cuenta que, entre los conceptos, existen algunos que sobresalen en la discusión, como el derecho a la salud, la vida, educación, sexualidad, expresión, acceso al agua, al trabajo bien remunerado, a un medio ambiente limpio, educación, seguridad, entre otros más.

Una empresa que permite la integración de representantes de grupos vulnerables en sus procesos de producción no es una moda, sino que ofrece confianza entre sus filas, clientes y mejora la atmósfera social en su conjunto. Personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres, indígenas, jóvenes (en busca de su primera oportunidad laboral) son algunos ejemplos de ello.

Tan importante es el tema que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha establecido normas relativas al derecho de los trabajadores, como la salud, seguridad, libertad de sindicación, negociación colectiva, no discriminación, abolición del trabajo infantil o trabajo forzado.

Ante la ola de inseguridad que se experimenta en varias regiones de nuestro país, habría que hacer una pausa para reflexionar que, muchas empresas han decidido proteger a su personal y bienes, con guardias armados, que incluyen acuerdos con las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, ante la falta de orientación acertiva con personal calificado en la materia de los derechos humanos, tales medidas de seguridad, a veces, contribuyen a experimentar atropellos de terceras personas, como agresiones en las que se hace uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, situación que pone a las empresas en tela de juicio en su reputación interna, externa, de forma regional, nacional e incluso, internacional.

Las empresas deben crear un entorno en el que se comprendan y se respeten los derechos humanos. Por ejemplo, si se detiene de manera arbitraria a un empleado o a un colaborador de la empresa, se debe protestar enérgicamente ante las más altas instancias del gobierno y hacer lo posible por obtener la libertad del detenido.

Otro de los casos más emblemáticos radica en que toda empresa debe adoptar medidas razonables para garantizar que sus actividades eviten consecuencias negativas al disfrute de los derechos humanos de la comunidad donde las desarrolla.

Debe estar dispuesta a reunirse con los dirigentes locales y sus organizaciones para generar empatía y acciones de colaboración, por ejemplo, en programas de educación, formación o civismo, que contengan tópicos en derechos humanos, incluyendo a organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Casos muy emblemáticos de nuestro México contemporáneo recaen en el movimiento que emprendió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, donde uno de sus ejes principales es –y ha sido– el respeto a los integrantes y sus comunidades originarias.

Una serie de empresas invadió el territorio chiapaneco sin respetar a los habitantes milenarios de la zona zapatista, desencadenando una serie de acciones bélicas y de protesta, que han manchado de manera irreparable a firmas transnacionales.

O, en otro orden de ideas, el caso Atenco, en el Estado de México, que se ha convertido en un lamentable símbolo que ha manchado nuestro país por la falta de educación en la materia por parte de los representantes de la fuerza pública mexicana, regional y nacional, quienes violentaron a la comunidad mexiquense.

En esencia, el tema de los derechos humanos y la producción empresarial o económica llegó para quedarse; la intención es que la sociedad aspire a ser calificada como una moderna, democrática, libre y justa, tal y como se respira en naciones europeas.

Si logramos que el desarrollo social y gubernamental, junto con la inversión, logren una armonía con la dignidad humana, sin duda alguna, podemos entender un desarrollo económico justo, como un elemento básico y fundamental para consolidar esta dignidad humana.

Dese un tiempo y reflexione si su negocio, empresa o grupo empresarial, del cual forma parte, mantiene, como prioridad, una cultura de respeto a las garantías básicas de las personas. Bien vale la pena porque repercute de manera directa en su reputación y economía.

Por José Antonio Lara Duque

Fuente: https://politica.expansion.mx/