Amnistía Internacional ha hecho público hoy el informe ¿El coste de hacer negocios? La contaminación tóxica de la industria petroquímica en Estados Unidos, que expone con detalle los devastadores daños relacionados con la contaminación tóxica procedente de los cientos de plantas petroquímicas y de combustibles fósiles situadas a lo largo del Canal de Navegación de Houston, en Texas, y examina con detalle los historiales de emisiones y seguridad de cuatro plantas propiedad de empresas multinacionales.

El informe publicado por Human Rights Watch, “We’re Dying Here”: The Fight For Life in a Louisiana Fossil Fuel Sacrifice Zone, documenta una crisis de salud humana en el “Corredor del Cáncer” de Luisiana, provocada por la negligencia del gobierno y la contaminación medioambiental, que expone a la población a elevados riesgos de cáncer, enfermedades respiratorias y daños a la salud materna, reproductiva y del recién nacido.

“Las vidas de las personas y el medioambiente están siendo devastados por las grandes empresas. Las comunidades afectadas están constituidas en un grado desproporcionado por personas racializadas de ingresos bajos, que a menudo carecen de acceso a la atención médica que necesitan, y que se enfrentan a obstáculos casi insuperables para lograr justicia. Se trata de racismo ambiental”, ha manifestado Alysha Khambay, investigadora de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos.

Muchas de las personas entrevistadas contaron a Amnistía Internacional que a ellas, o a algún familiar cercano, les habían diagnosticado una enfermedad respiratoria, como cáncer de pulmón o asma, o sufrían frecuentemente dificultades respiratorias. Esto concuerda con la investigación académica que explora las repercusiones que tiene en la salud la cercanía a la industria petroquímica. La esperanza media de vida en las comunidades situadas a lo largo del Canal de Navegación de Houston es hasta 20 años inferior a la de la mayoría de los barrios blancos situados a tan sólo 24 kilómetros de distancia.

“[El olor] nos afecta a mi familia y a mí prácticamente todos los días. Siempre hay olores en el aire; en cuanto sales un momento a la calle”, ha manifestado Alondra Torres, residente de una de las comunidades afectadas.

En Texas, las empresas pueden eludir las multas establecidas por la normativa si declaran que la emisión de sustancias ha sido “imprevista e inevitable”, y el dinero procedente de las multas impuestas se dedica a veces a programas favorables a esta industria. Los órganos normativos del estado pueden ignorar legalmente las denuncias por contaminación realizadas por los miembros de comunidades que han comunicado previamente haberse visto afectados por contaminación. La gran concentración de empresas hace que resulte difícil señalar qué planta es la responsable de la liberación de sustancias, o la causa de una enfermedad.

Un gran desastre de emisión tóxica podría causar daños a decenas de miles de personas pero, pese a los grandes incendios y filtraciones químicas que se han producido en los últimos años, no existe ningún sistema efectivo de alerta de emergencia para advertir a la población.

Alysha Khambay ha declarado: “La normativa a menudo no se cumple, y muchas de las empresas implicadas parecen tratar las multas de los reguladores, si es que se les imponen, simplemente como un costo más de hacer negocios. Algunas plantas han expuesto repetidamente a las comunidades locales a sustancias químicas peligrosas sin apenas emitir advertencias, o emitiéndolas de forma inadecuada”.

“No hay un marco normativo disuasorio efectivo que impida los daños que estas empresas causan, de manera casi impune, a la población. El actual sistema está inclinado en favor de las empresas y en contra de las personas a las que dañan. Los abusos contra los derechos humanos relacionados con la industria petroquímica causan a menudo unos daños espantosos. Este debe y puede cambiar.”

El informe pide una gran mejora de la vigilancia de la contaminación en las comunidades aledañas, inspecciones y medidas de cumplimiento más regulares, y que la Agencia de Protección Ambiental ejerza con más frecuencia sus poderes para hacer cumplir las leyes nacionales en Texas y castigue a quienes contaminan. Las comunidades afectadas deben tener acceso a resarcimiento y a reparación por los daños sufridos, lo cual incluye financiación para atención médica.

Fuente: https://www.es.amnesty.org/