Las compañías propiedad del estado o de otras administraciones públicas (empresas públicas en términos de la presente columna) no son ajenas al movimiento de incorporación de la sustentabilidad como objetivo estratégico, de gestión y comunicación del desempeño por parte del sector empresarial.

Sin embargo, éstas tienen una serie de particularidades que intensifican el debate en torno al concepto del “deber hacer” y la diligencia debida respecto a impactos sociales y/o ambientales.

La propiedad de las empresas públicas es de todos los ciudadanos, constituyen un bien común, lo que intensifica su rol como agentes de desarrollo socioeconómico y de impulsores de las mejores prácticas en sustentabilidad y transparencia entre el resto de compañías. Estas empresas, en mayor o menor medida, son o han sido depositarias de patrimonio público en alguna etapa, independientemente de si ya pueden autosostenerse en las dinámicas de mercado.

Por sus especiales características, estas empresas se encuentran con la responsabilidad de una mayor eficiencia en la administración de los recursos y una vinculación estrecha con sus diferentes grupos de interés, siendo objeto de un mayor escrutinio por parte de los mismos. Estas particularidades se suman a las motivaciones generales del sector empresarial, como la gestión de riesgos, atracción y retención de talento, fidelización de clientes, entre otras.

La atención mediante productos y servicios a la base de la pirámide u otros sectores en función del caso, que se da en muchas de estas empresas, no implica que ya de por sí tengan un ADN sustentable y la responsabilidad social fluyendo por sus venas y está presente la oportunidad de trabajar en la reducción, mitigación o eliminación de sus impactos negativos y la potenciación de aquellos positivos, así como el avance en aquellas oportunidades que existan en materia de gobierno corporativo y ética.

No obstante, cabe destacar que las empresas públicas se enfrentan a dificultades especialmente acentuadas en su caso, como la burocracia en la gestión, iniciativas marcadas por los calendarios políticos y un entorno más propicio a la corrupción, al tratarse de la administración de recursos cuyo propietario último se encuentra muy distante del tomador de decisión, con débiles mecanismos de rendición de cuentas.

Pero no nos quedemos con la idea de un panorama desolador o que la incorporación de la sustentabilidad como objetivo estratégico y de gestión constituye una utopía. Existen destacados casos fuera de México que pueden ayudarnos a marcar el camino para unas empresas públicas más eficientes, transparentes y centradas en la creación de valor.

Se trata de iniciativas de las propias administraciones públicas, generalmente en una de las dos siguientes líneas: la incorporación de criterios de sustentabilidad en la selección de proveedores (también conocido como “compras verdes”), y el requerimiento de comunicar su desempeño anual, esto último como punta del iceberg de las prácticas al interior de las empresas. Ambas líneas están presentes por ejemplo en la Ley de Economía Sostenible de España (2011), que requiere a las empresas públicas favorecer la adopción de principios y prácticas de responsabilidad social en sus proveedores, así como incluir en sus procesos de contratación criterios de sustentabilidad, y por otro lado les exige presentar como compañía informes de gobierno corporativo y de triple desempeño social, ambiental y económico (informes de sustentabilidad). Pero no es necesario salir del continente para encontrar ejemplos, fijémonos en Chile y su Plan de Acción de Responsabilidad Social 2015-2018, que ha llevado a la definición de una política común para los integrantes del Sistema de Empresas Públicas (SEP), con cuatro pilares: bienestar laboral, aporte al desarrollo local, protección del medio ambientee innovación, el diseño de estrategias al respecto y el requerimiento de que publiquen informes de sustentabilidad antes de diciembre del 2017, impulsando la transparencia al respecto entre el resto del sector empresarial.

En México, si bien Pemex destacó como pionera de la comunicación no financiera desde 1999, existe todavía un doble desafío: integrar la sustentabilidad en aquellas compañías que ya comunican, puesto que el tiempo pone de manifiesto como no siempre ello ocurre, de manera que sea independiente de los gestores políticos, y sumar el reporte público en aquello casos en que ni siquiera se produce una rendición de cuentas al respecto, al conjunto de la ciudadanía, quienes finalmente son sus accionistas.

Autor: Pablo del Arco, Gerente de Cambio Climático y Sustentabilidad en EY México para El Economista