En su visita a Colombia, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que Colombia enfrenta problemas estructurales de larga data que se traducen en violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto empresarial.

Las expertas Fernanda Hopenhaym y Pichamon Yeophantong destacaron que, a pesar de los avances en la protección constitucional de los derechos humanos y la adopción de instrumentos internacionales pertinentes, persisten dificultades que incluyen la falta de cumplimiento de las decisiones judiciales, relativas a los derechos fundamentales por parte de las empresas en el territorio nacional.

En rueda de prensa, las académicas afirmaron que el Gobierno colombiano debe priorizar la implementación de leyes y políticas relacionadas con empresas y derechos humanos para proteger a las personas y el medio ambiente. Este llamado es urgente, dada la continua presencia de grupos armados no estatales y el deseo del actual Gobierno de acelerar la transición energética.

“La omnipresencia del conflicto armado en Colombia sigue aumentando los riesgos para los derechos humanos y perpetuando los daños. Exige una acción inmediata tanto del Gobierno como de las empresas para intensificar los esfuerzos de protección de los derechos humanos”, declaró el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, al concluir su visita.

Análisis profundo sobre situación de derechos humanos

Las expertas también señalaron que los numerosos problemas de derechos humanos observados en el país tienen sus raíces en un modelo económico centrado en la explotación de recursos naturales a gran escala. El mismo ha marginado sistemáticamente a pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y personas campesinas.

Durante su visita, que incluyó recorridos por Bogotá y los departamentos de Putumayo, La Guajira y Antioquia, el grupo de trabajo identificó una serie de desafíos, incluyendo cuestiones relacionadas con la transición energética y la persecución de personas defensoras de derechos humanos.

Estos retos fueron planteados en reuniones con representantes del Gobierno, sociedad civil, sindicatos, grupos étnicos y empresas privadas, estatales y de capital mixto.

“Colombia ha avanzado en la protección constitucional de los derechos humanos y en la adopción de los instrumentos internacionales pertinentes. Pero queda un largo camino por recorrer para hacer plenamente efectivos los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos”, afirmaron Hopenhaym y Yeophantong. “Colombia necesita una transición justa, basada en la protección y el respeto de los derechos humanos, especialmente de las personas más marginadas”, agregaron.

Asimismo, ONU expresó preocupación por la estigmatización e invisibilidad que sufren los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, e hizo énfasis en cómo las prácticas empresariales irresponsables han exacerbado su discriminación y exclusión. En el caso de los pueblos indígenas, estas prácticas, advirtieron, pueden incluso “aumentar el riesgo de extinción física y cultural”.

Además, las expertas destacaron la inadecuada protección de las personas defensoras de derechos humanos, junto con las barreras a las que se enfrentan las víctimas a la hora de acceder a recursos efectivos por abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Estas realidades facilitan la persecución de líderes y lideresas sociales y representantes sindicales, “creando un efecto amedrentador que inhibe la rendición de cuentas de las empresas y pone en peligro los esfuerzos de la justicia transicional”.

“Empresas deben ser investigadas por la JEP”: ONU

En su informe preliminar, el Grupo de Trabajo recomendó que las empresas puedan ser investigadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un medio para contrarrestar la impunidad y abordar la deuda de verdad y diálogo.

La Sentencia 174 de 2017 de la Corte Constitucional derogó la competencia de la JEP para investigar a las empresas, y dejó su sometimiento como voluntario; sin embargo, el informe de la ONU remarcó la importancia de que las instancias nacionales actúen de manera diligente y cooperativa con el sector privado para que las empresas asuman responsabilidades.

Para la Organización de las Naciones Unidas no es suficiente que existan mecanismos y políticas de protección a los derechos humanos en contextos de actividades empresariales, pues la fragmentación de jurisdicciones y acciones no facilita el acceso a derechos a las víctimas.

Según cifras entregadas por las expertas, en 17 años de investigación de la justicia transicional se constituyeron 18.000 compulsas a la Fiscalía General de la Nación sobre cerca de 439 casos, mencionados en 35 sentencias, que dan cuenta de la coordinación y financiamiento del sector empresarial con diferentes actores armados.

El grupo de trabajo presentará un informe final con conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025.

Fuente: https://www.infobae.com/