El Consejo Directivo de la INDDHH entregó a la presidenta de la Asamblea General, Esc. Beatriz Argimón, el Informe Anual de Derechos Humanos 2021. Como cada año, en este documento la Institución rinde cuentas sobre la gestión y las actividades desarrolladas durante el año para cumplir con su cometido de defender, promover y proteger los derechos humanos en toda su extensión. La producción de estos informes, sus contenidos y los plazos de entrega al Parlamento están previstos en la Ley 18.446, de creación de la INDDHH.

No. 18.446) le otorga la máxima autonomía funcional: “La INDDHH no se hallará sujeta a jerarquía y tendrá un funcionamiento autónomo no pudiendo recibir instrucciones ni órdenes de ninguna autoridad”. Es dirigida por un Consejo Directivo integrado por cinco miembros elegidos por la Asamblea General a propuesta de las organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios. Actualmente el Consejo Directivo está integrado por Juan Faroppa (presidente), Mariana Blengio Valdés, Mariana Mota, María Josefina Plá y Wilder Tayler.

Las tareas que ejecuta la INDDHH abarcan los siguientes ejes: la armonización legislativa en relación a las normas internacionales y convenciones ratificadas por el país, la investigación y monitoreo de las acciones u omisiones del Estado en materia de derechos humanos, la recepción e investigación de denuncias sobre eventuales vulneraciones de derechos (incluyendo la redacción de informes y la formulación de recomendaciones a los organismos estatales correspondientes) y la promoción y educación en derechos humanos.

A su vez, la INDDHH alberga en su estructura al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP). Se trata de una entidad de control dedicada a prevenir prácticas de tortura y otras formas de maltrato hacia las personas privadas de libertad. Su actuación preventiva consiste en la realización de inspecciones regulares, no anunciadas, a centros de privación de libertad, la formulación de recomendaciones a las instituciones del Estado para proponer medidas tendientes a minimizar los riesgos de situaciones de maltrato y/o tortura, y brindar asesoramiento en cuanto a la legislación vigente o proyectos de ley tendientes a reducir los riesgos que conllevan las situaciones de encierro institucional.

Fuente: https://www.gub.uy/