Existen posiciones dispersas en torno a la influencia del gobierno corporativo en la de la responsabilidad social. Para quienes sostienen la primacía de los intereses del inversor, las prácticas de buen gobierno deben de generar, promover y viabilizar iniciativas de gestión que incrementen el valor del inversionista. Es decir, la promoción de los derechos de los inversionistas, el funcionamiento de los órganos de gobierno y la eficacia de sus sistemas de gestión y control de una empresa deben prevenir cualquier perjuicio para los intereses de los accionistas. La otra posición propone que el gobierno corporativo es un mecanismo de protección de los intereses de los stakeholders de una empresa debido a su influencia en la vida de organización empresarial. Producto de ello, la empresa asume compromisos de implementar programas de educación, empleo, vivienda, entre otros.También, los criterios de “consumo responsable”, “trabajo digno” entre otros se van incluyendo en las prácticas de buen gobierno en la empresa.

En el caso peruano notamos que el buen gobierno utiliza una visión promotora de los intereses a favor del inversionista. La toma de decisiones pensando en los intereses de la empresa, el criterio de los directores independientes, el uso de los riesgos ESG en la toma de decisiones, el uso de los criterios de “sostenibilidad” o el “largo plazo” son usados libremente para garantizar las inversiones. El discurso de la responsabilidad social empresarial se dirige para garantizar la estabilidad económica de las empresas, principalmente, extranjeras.

En las empresas publicas, el buen gobierno busca trasladar e implementar adecuados mecanismos de gestión en la empresa privada a las estatales. En el Perú este fenómeno comenzó en las empresas del sector energético y, posteriormente, se ha trasladó al resto de empresas públicas del medio local por conducto del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Estatal (FONAFE). También se promulgó el Código de Buen Gobierno Corporativo para Empresas bajo el ámbito del FONAFE, al amparo del D.S. n^o 176-2010-EF, Reglamento del Decreto Legislativo 1031.

El Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas Públicas establece una serie de obligaciones legales que las empresas de propiedad estatal deben cumplir en materia de buenas prácticas. Sus recomendaciones abarcan el marco legal de las empresas de propiedad estatal (EPE), el ejercicio de los derechos de propiedad en las EPE por parte del Estado, las políticas de gestión que deben seguir el directorio, la junta general de accionistas y la gerencia de una EPE, la política de riesgos y código de ética y el ejercicio del criterio de la transparencia y la divulgación de la información. La idea central del código es promover la administración de la empresa de forma técnica, profesional y alejada de toda influencia política del gobierno de turno. En otras palabras el buen gobierno busca prevenir e impedir que la toma de decisiones en las empresas públicas sea alejada de cualquier tipo de oportunismo político, ávido por rentabilizar votos o favores políticos, que perjudiquen su eficiencia económica.

En este punto creemos que la práctica del buen gobierno corporativo en las empresas estatales contribuye a la eficiencia de la responsabilidad social aunque de forma diferente a la empresa privada. Sus prácticas deben proteger los intereses de la ciudadanía en general. Para conseguirlo requieren de una administración eficiente y eficaz que vaya acompañada de la práctica de valores empresariales adecuados, la certificación de sus conductas, la implementación de de clausulas sociales, entre otros. De esta forma, la empresa puede crear e incrementar su rentabilidad social sin descuidar la económica.

Por último, a diferencia del sector privado, el buen gobierno en las empresas públicas se sujeta a cumplir sus normas administrativas pero que requieren la aprobación del ministerio del sector correspondiente. Así, la percepción que se detecta es que las prácticas de buen gobierno corporativo en las empresas estatales no contribuyen con una eficaz práctica de la responsabilidad social a diferencia de lo que sucede en el sector privado. Consideramos que esta suerte de “administrativizacion” del gobierno corporativo muestra que la responsabilidad social se ejerce en base al cumplimiento de normas de derecho administrativo lo cual le resta la eficiencia en el cumplimiento de su fin principal que es de mantenerse en el mercado de forma “sostenible” y en el “largo plazo”. En este punto es importante considerar que el legislador considere el uso de mecanismos de promoción de prácticas autorregulatorias o de metarregulación dirigidas a las empresas publicas y refuercen su gestión.

Por Edison Tabra