Ecuador cerró el 2023 sumido en una crisis institucional sin precedentes. Durante este año, el expresidente Guillermo Lasso disolvió la Asamblea Nacional mediante el mecanismo constitucional de muerte cruzada para evadir un juicio político en su contra, y convocó a elecciones anticipadas. Durante la campaña electoral, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado. El joven candidato Daniel Noboa, hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, logró llegar al ballotage y ganar la Presidencia, mientras que Lasso y sus funcionarios aprovecharon sus últimos días en el poder para emitir decretos controversiales. Todo esto ocurrió en seis meses y seis días.

En medio de este escenario político, Ecuador cerró el 2023 con más de 7000 muertes violentas y con una tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes mayor a 35, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). Los defensores de la naturaleza y de los territorios, además, entraron en las estadísticas de este año con el asesinato en febrero del líder indígena A’i Cofán Eduardo Mendúa. La tendencia ubicaría al país entre los más violentos de América Latina, sólo detrás de Venezuela, Honduras y Colombia, según un informe de Insight Crime.

Pero no solo la violencia fue objeto de la atención nacional y regional. En agosto, una consulta popular dispuso detener indefinidamente las actividades petroleras en el bloque 43 ITT, en el Parque Nacional Yasuní, e impidió la expansión minera en el bosque nublado del Chocó Andino, una Reserva de la biosfera ubicada dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Lo que parecía ser entonces una buena noticia, a juzgar por los resultados en las urnas, se convirtió en un problema latente cuando el expresidente Lasso anunció que incumpliría el mandato popular.

En 2023, también se incrementó la minería ilegal, vinculada con el crimen organizado, sobre todo en la Amazonía. El Estado no pudo contener el avance de esta actividad criminal en ningún punto del territorio nacional. Al contrario, el 31 de mayo, Lasso emitió el decreto 754, que pretendía agilizar la consulta ambiental para nuevos proyectos extractivos sin contar todavía con reglamentación legislativa para implementar la consulta previa, libre e informada, dispuesta en la Constitución de la República. Pero el 9 de noviembre, a dos semanas de que Lasso cediera el poder a Daniel Noboa, la Corte Constitucional emitió sentencia de inconstitucionalidad y echó abajo sus pretensiones.

Lo grave: la violencia contra defensores y pueblos indígenas aumentó

La tarde del 26 de febrero de 2023, Eduardo Mendúa fue asesinado en su comunidad, con doce disparos. Mendúa era dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y líder de la comunidad A’i Cofán Dureno, ubicada en la provincia fronteriza de Sucumbíos, en el nororiente de Ecuador. Mendúa exigió al gobierno de Lasso que cesaran las incitaciones de enfrentamientos entre los habitantes del pueblo A’i Cofán y los representantes de la estatal Petroecuador, que pretendía construir 3 plataformas y 30 pozos en el lugar, sin cumplir con la consulta previa, libre e informada.

Sólo una persona, David Benito Quenamá, fue juzgada y sentenciada como cómplice por el asesinato. No hay avances en las investigaciones para ubicar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

La falta de atención estatal a las personas defensoras de derechos de la naturaleza ha obligado a que los habitantes amazónicos organicen mecanismos de autoprotección. “Nosotros queremos fortalecer las guardias comunitarias”, dice Justino Piaguaje, dirigente de Territorio de la nacionalidad Siekopai, asentada en Sucumbíos. Así buscan evitar desplazamientos o que los jóvenes de la comunidad, explica el dirigente, sean utilizados por grupos armados para transportar droga.

El pueblo indígena binacional awá, que habita territorios andino-costeros de Ecuador y Colombia, ha recibido también amenazas de grupos narcodelictivos. Según el reportaje Pueblo awá bajo amenaza en Colombia y Ecuador: “No hay condiciones para vivir en tranquilidad”, las llamadas y panfletos con amenazas son frecuentes. De hecho en Chical, una parroquia andina fronteriza con Colombia, grupos armados como las disidencias de las FARC, el ELN o el grupo M30 o Frente 30 reclutan jóvenes awá cada mes, lo que obliga a los pobladores a confinarse en sus casas o a desplazarse.

Renato Rivera-Rhon, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), advierte que las guardias indígenas resultarían insuficientes frente a la amenaza de grupos narcocriminales que pugnan por ocupar territorios para el sembrío y procesamiento de coca y para transportar cocaína.

El último informe de monitoreo de cultivos de coca en Colombia, de la UNODC, dice que el 47% de la producción de cocaína se concentra en los departamentos de Putumayo y Nariño, en Colombia, y que “por encadenamiento logístico, Ecuador es altamente representativo para el tráfico de drogas”.

Lo malo: la minería ilegal que avanza sin control estatal

En enero de 2023, el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe) declaró a la minería ilegal una amenaza a la seguridad integral del Estado y determinó que esta actividad guarda vínculos con “la cadena del tráfico de armamentos, explosivos y lavado de activos”.

Eduardo Vayas, parte del colectivo Napo Ama la Vida, lamenta que, a pesar del decomiso de maquinaria en tres operativos distintos que tuvieron lugar en 2023, la minería ilegal no haya sido erradicada. “El 2023 inicia con un rebrote extremadamente preocupante porque se sube la explotación minera hacia las partes más altas de las vertientes del río Napo”.

Según el Boletín Semestral de Homicidios Intencionales, emitido por el OECO, el cantón Paquisha, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, apareció por primera vez entre los que registran las mayores tasas de homicidios del país, lo que estaría asociado el avance de la minería ilegal en el sector.

En agosto de 2023, Rivera Rhon y Carlos Bravo Grijalva publicaron el informe Gobernanzas criminales y enclaves productivos de la minería ilegal en Ecuador, en el que identificaron cuatro enclaves de minería ilegal. El primero comprende los cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro, en las provincias de Esmeraldas, Carchi e Imbabura. El segundo se concentra en parte de la provincia de Napo, en las parroquias de Carlos Julio Arosemena Tola, Puerto Napo y Talag, principalmente en las comunidades de Yutzupino y Los Ceibos. El tercer enclave está en las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Y el cuarto enclave se encuentra en el suroeste, en las provincias de Azuay, de El Oro y parte de Loja.

Según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), en 2020, la minería ilegal alcanzó 556.8 hectáreas. La Fundación Río Napo, junto a la iniciativa MAAP, monitorearon satelitalmente la minería a lo largo del río Jatunyaku en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola, entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. En esta área, distribuida en cuatro concesiones mineras y una zona destinada a libre aprovechamiento, se identificó un total de 54 nuevas hectáreas afectadas por minería. Mientras que en 2022 la afectación era de apenas 1,94 ha. En la zona del río Yutzupino se detectó un aumento de 60 ha de actividad minera entre diciembre de 2022 y octubre de 2023. “Prácticamente se han tomado todo el cauce del río Jatunyaku”, dice Vayas.

Organizaciones de la sociedad civil también han denunciado los impactos de la minería considerada legal en el sur de la Amazonía ecuatoriana. Un monitoreo comunitario liderado por la fundación de desarrollo local Comunidec encontró que los ríos Wawayme y Tundayme, usados por la mina a gran escala Mirador, en la provincia de Zamora Chinchipe, presentan un índice de calidad biológica entre regular y pésima, con calificación de aguas contaminadas y extremadamente contaminadas. Mongabay Latam y La Barra Espaciadora solicitaron entrevista con algún vocero de la empresa china Ecuacorriente, a cargo de ese proyecto, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

El 17 de noviembre de 2023, a pocos días de que terminara su mandato, Guillermo Lasso autorizó la elevación de la presa de relaves Tundayme. El entonces ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, aprobó el “recrecimiento” de esa relavera de 260 a 320 metros, lo que la convertiría en la más alta del mundo. La decisión se dio aun cuando varias organizaciones y expertos advirtieron que la rotura de las relaveras Quimi y Tundayme es inminente. Por esta y otras acciones, Santos ha sido llamado a juicio político por el poder Legislativo.

Asimismo, los habitantes del territorio del Pueblo Shuar Arutam, en la provincia de Morona Santiago, denuncian que ya no pueden usar las vertientes en la zona de influencia del proyecto Warintza, que se encuentra en etapa de exploración. David Awananch, comunicador de la Radio La Voz de las Cascadas Vivas, contó que los ríos Piunts y Warints lucen amarillentos, con bajo caudal y con menos especies de pesca, y que la población padece enfermedades dermatológicas. “La gente de la comunidad no ocupa esos ríos porque le salen sarpullidos y alergias”.

Lo crítico: más derrames petroleros, menos reparación

Guillermo Lasso dejó el poder sin cumplir su promesa de duplicar la producción petrolera nacional. Además de las razones técnicas que expusieron en su momento expertos como Jaime Checa, geofísico y especialista en exploración de la Colorado School of Mines, el expresidente no pudo reestructurar la empresa petrolera estatal Petroecuador, como lo ofreció su ministro de Energía, Fernando Santos Alvite. Al contrario, la estatal tuvo ocho gerentes en los dos años de gobierno de Lasso y enfrenta escándalos de corrupción que incluyen redes de sobornos, opacidad en contratos de servicios y una remediación pendiente de más de 1000 pasivos ambientales.

De acuerdo con información entregada a La Barra Espaciadora y Mongabay Latam por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), hasta junio de 2023 la industria petrolera fue responsable de 1107 pasivos ambientales y otras 3568 “fuentes de contaminación”, como las denomina la autoridad ambiental.

En entrevista con La Barra Espaciadora, el exministro Santos Alvite asumió el compromiso de disponer la limpieza de esos pasivos ambientales que se encuentran bajo la responsabilidad de Petroecuador, pero dejó el cargo sin cumplirlo.

A los pasivos ambientales se suman los derrames constantes. Al menos el 80% de derrames se produce en los cantones Lago Agrio y Shushufindi, en Sucumbíos; y en Joya de los Sachas y Coca, en Orellana. Sólo en septiembre, la organización ambientalista Acción Ecológica registró tres derrames consecutivos en la Amazonía. Pablo Fajardo, abogado en la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), destaca que en 2023 ocurrieron al menos “dos derrames significativos” que afectaron al río Conejo, al río Blanco Grande y al río Itaya.

El 10 de mayo de 2023 hubo una rotura en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), en la parroquia Santa Cecilia, en el kilómetro 11 de la vía Lago Agrio-Quito. Según Petroecuador, se trató de un sabotaje al sistema. Pero Fajardo asegura que había “corrosión de la tubería”. Más de 1000 barriles de petróleo contaminaron 36 kilómetros del río Conejo y del río Blanco Grande. Petroecuador apenas retiró 500 metros de vegetación contaminada, asegura el jurista. “Hay un daño evidente a la naturaleza y a la economía de más de 200 familias del sector, ninguna de las 16 comunidades asentadas cerca al río Conejo y al río Blanco Grande tenía agua potable”.

El 3 de septiembre, un derrame de agua de formación y petróleo en la plataforma 113, en la parroquia Limoncocha, del cantón Shushufindi, en Sucumbíos, contaminó al menos 20 kilómetros del río Itaya. Según la denuncia presentada en la Fiscalía, los tanques de almacenamiento se habrían cargado hasta rebosar su capacidad. El crudo cayó a una cuneta hasta llegar al río Itaya e incluso alcanzó al río Napo. Cientos de familias se quedaron sin acceso a agua limpia.

En noviembre de 2023, el Tribunal Penal de Sucumbíos “reconoció que Petroecuador y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) vulneraron los derechos de las comunidades”, y dispuso que en 15 días se hiciera un análisis para una reparación integral de toda el área. “No hay un cambio de actitud por parte de las empresas que [demuestren que] invierten en seguridad industrial o en reparación ambiental”, dice Alexandra Almeida, presidenta de Acción Ecológica.

Lo imparable: carreteras, minería y agricultura aceleran la deforestación
Según el Maate, entre el 2020 y el 2022, la deforestación bruta anual promedio alcanzó las 95 570 hectáreas por año. Solo en la Amazonía ecuatoriana, en 2022 se registró el más alto índice de pérdida de bosque de los últimos diez años, con 18 902 hectáreas, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP). El aumento representó el 80 % en relación con 2021, con cerca de 12 000 hectáreas deforestadas.

Un año después, la tendencia ha ido en aumento. Según Global Forest Watch, solo entre el 29 de noviembre de 2023 y el 6 de diciembre de 2023 (una semana), se registraron 69 611 alertas de deforestación en Ecuador. Entre 2021 y 2023, en territorio del Pueblo Shuar Arutam, en Morona Santiago, hubo al menos 257 hectáreas de deforestación provocada por la minería ilegal, pero también por la considerada legal.

“El impacto más fuerte es el incremento de la actividad minera, pero no es que esta esté deforestando el 100%”, explica Wagner Holguín, técnico de Ecociencia.

Juan Carlos González, economista y consultor en temas de ambiente y economía, coincide en que la deforestación avanza, en parte, como consecuencia del incremento de la minería legal e ilegal y afirma que ciertas autoridades de gobiernos locales son parte de negocios mineros ilegales. “No son los pobres que palean pepitas de oro, son mafias que tienen paramilitares”. Pero añade como factores de deforestación a la ampliación de la frontera agrícola y la apertura de vías. En la región amazónica, las carreteras “se han convertido en un vector de la deforestación; el 90% de la deforestación en la Amazonía está a 5 kilómetros de las carreteras”, explica el especialista.

La siembra de palma aceitera bajo el modelo de agricultura por contrato constituye un detonante debido a la incongruencia entre normativas que protegen la biodiversidad y las que promueven cultivos a gran escala. En la provincia de Orellana se perdieron 6170 hectáreas de bosque primario solo en 2022, según Global Forest Watch. En el primer trimestre de 2023, el Maate dijo que se generaron 376 alertas de deforestación entre los cantones Joya de los Sachas y Francisco de Orellana.

Según Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma), “el Estado tiene que controlar de manera más eficiente, porque son las grandes industrias las que están promoviendo estos monocultivos –asegura–, que Ecuador plantee dónde se puede o no se puede plantar, qué áreas son aptas, que diga que en bosque nativo no se puede practicar el monocultivo”.

Sin embargo, Rodrigo Sierra, quien ha estudiado la dinámica y las causas de la deforestación en América Latina durante las últimas dos décadas centra su preocupación en la industria maderera. “El manejo forestal es más problemático ahora que la palma aceitera”, dice. Para este investigador, la agroindustria palmicultora se ha mantenido estable durante el último año, mientras que la explotación de madera estaría aprovechando la falta de coordinación entre entidades estatales para expandirse. “El Maate no tiene la capacidad y, más que todo, no tiene el apoyo de la Policía o del Ejército . El Ministerio de Agricultura no tiene el poder para implementar todas las reglas de manejo, el Maate y el MAG no tienen esa filosofía de protección, no tienen capacidad pero tampoco tienen el corazón”, concluye el experto.

Lo preocupante: el mar territorial y las islas Galápagos son zonas sin ley
El manejo de políticas públicas para la protección del mar territorial de Ecuador y sus especies genera preocupación a escala nacional e internacional. El 9 de noviembre, los miembros del Comité Permanente de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), presentaron un informe técnico que muestra discrepancias entre las cifras de exportación e importación de aletas de tiburón de Ecuador y Perú. El Comité dispuso que Ecuador tome medidas urgentes hasta el 28 de marzo de 2024 y advirtieron de la posible suspensión de sus exportaciones de tiburones y rayas, pues sus prácticas pondrían en riesgo la sostenibilidad de ese mercado.

“¿Quién y cómo van a lograr en estos 120 días cumplir con estos requerimientos cuando, por ejemplo, en tres años de emisión de la Ley de Pesca todavía no tenemos un reglamento (que establezca el porcentaje máximo de pesca incidental)?. Cuestionamos muchísimo lo que pueda suceder en estos 120 días”, le dijo a Mongabay Latam Cristina Cely, directora de la organización ambiental One Health Ecuador.

Mientras tanto, en las islas Galápagos, el uso del palangre, un arte de pesca masiva que permite la captura incidental de tiburones, lobos marinos, tortugas o aves marinas, no se ha detenido. El biólogo marino Xavier Romero, quien trabajó en el Maate y fue asesor del Consejo de Gobierno de Galápagos, asegura que el Estado ha guardado silencio sobre este tema.

Esa falta de acciones por parte de las autoridades se refleja en el tránsito vehicular y el incremento de vehículos sin control por parte del Consejo de Gobierno de esa provincia insular, que ha desencadenado un aumento en accidentes, atropellamientos de aves, iguanas y tortugas, y deriva en otros negocios ilegales relacionados con la salud de este ecosistema. Más de 2300 vehículos motorizados terrestres circulan en el archipiélago sin permisos de ingreso, como lo reportó el medio Bitácora Ambiental. La ausencia de controles alimenta el contrabando de combustible y el tráfico de especies.

De hecho, en enero de 2023, se sentenció a un hombre a tres años de cárcel por la desaparición de 123 crías de tortugas gigantes (Chelonoidis guntheri) del centro de crianza Arnaldo Tupiza, en la isla Isabela. Esa especie está en peligro crítico, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una fuente que pidió la reserva de su identidad asegura que la relación entre el tráfico de especies como tortugas e iguanas y el de combustible podría estar vinculada a esa falta de controles. “Como son negocios ilegales tienen su conexión: si sacas gasolina ilegal y vas a entregar al mar, puedes también sacar con facilidad 200 tortugas”.

De acuerdo con estadísticas del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en 2023 se han registrado tres denuncias por almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos y 34 denuncias por narcotráfico en Galápagos.

Entre enero y septiembre de 2023, se incautaron de 218 toneladas de cocaína, pasta base, marihuana o heroína. En julio de 2023, otros dos hombres fueron detenidos al sur de la isla San Cristóbal, en altamar, mientras huían en una lancha rápida con una tonelada de cocaína. En agosto, en otra embarcación que había atracado en la misma isla, se encontraron 1,44 toneladas de esta droga.

Lo bueno: avanza la conservación de la naturaleza

El 20 de agosto de 2023, tras 10 años de lucha del colectivo Yasunidos, el 59% de ecuatorianos le dijo sí a dejar el crudo en el subsuelo en el Bloque 43-ITT (Ishpingo-Tiputini-Tambococha). Sin embargo, pocos días después del triunfo de la consulta, en un video filtrado en redes sociales, el entonces presidente Guillermo Lasso dijo: “No es posible aplicar el Sí y vamos a sostener esta posición el mayor tiempo posible. No queremos que termine la producción petrolera en el Yasuní, por el momento no vamos a suspender nada”.

El colectivo Yasunidos dirigió un escrito a la Corte Constitucional en el que instan al más alto tribunal constitucional a tomar acciones de cumplimiento y seguimiento de la sentencia. “Una de las acciones es el retiro progresivo y ordenado de toda actividad petrolera, retirar infraestructura, que Petroecuador presente la actualización al plan de remediación ambiental”, explica Sofía Torres, integrante del colectivo.

Además, la consulta sobre la conservación del Chocó Andino logró el 70% de votos a favor de prohibir la explotación minera en seis parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, que ocupan parte de este bosque nuboso de 286 mil hectáreas, ubicado en la vertiente occidental de los Andes. En 2018, el bosque del Chocó Andino fue declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco. Alberga al menos 150 especies de mamíferos, 700 especies de aves, más de 3200 especies de plantas, 40 especies de reptiles y 140 especies de anfibios. “Esto es una victoria que vamos a seguir defendiendo”, afirma Torres.

Asimismo, Ecuador cierra el 2023 con 24 nuevas áreas de protección hídrica en 17 provincias, que suman 263 876 ha y representan un incremento del 539% desde 2021. Adicionalmente, se incorporaron 17 nuevos spots en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), sumando un total de 76 que representan 26,2 millones de hectáreas o el 19,42% de territorio nacional.

Y una de las últimas buenas noticias del año llegó desde la Amazonía ecuatoriana. Los siekopai finalmente podrán volver a su territorio sagrado, Pëëkë’ya. La Corte Provincial de Sucumbíos decidió que el Estado les entregue el título de propiedad ancestral de una extensión de 42 mil hectáreas en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno. Expertos señalan que la sentencia marca un precedente en el país.

“Estoy feliz, pero también tengo tristeza, porque nuestros abuelitos querían regresar a sus tierras ancestrales y no pudieron, ya nos dejaron”, le dijo Leorvis Piaguaje, lideresa siekopai a Mongabay Latam.

Fuente: https://es.mongabay.com/