En julio estuvieron en el país once expertos de la OCDE para evaluar si Chile ha realizado avances en materia medioambiental en la última década. El grupo se reunió con autoridades, académicos y representantes de ONG, quienes cuentan qué se llevaron los OCDE en sus apuntes y cuáles son las materias más urgentes en el área.

En una ceremonia que se realizó en La Moneda en mayo de 2005, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y la CEPAL le entregaron al Presidente Lagos la primera evaluación del desempeño ambiental de Chile. El documento, que era parte de los esfuerzos chilenos para formar parte de la OCDE, partía haciendo un duro diagnóstico sobre cómo el desarrollo económico del país había ejercido “una considerable presión sobre algunos recursos naturales”, como la minería y la acuicultura, y a continuación fijaba 52 tareas para ponerse al día.

En ese informe está el origen de medidas como la creación de un ministerio y superintendencia de Medio Ambiente; la promulgación de normas, como la de material particulado fino 2,5 que este año mostró la mala calidad del aire con más preemergencias; o la propuesta del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se discute en el Congreso.

Ahora la OCDE está preparando una segunda evaluación para averiguar qué más se ha hecho en Chile en los últimos 10 años, para lo que en julio llegó silenciosamente una misión de 11 expertos a hacer preguntas. El grupo estaba encabezado por Nathalie Girouard, jefa de la División de Desempeño e Información Ambientales del organismo internacional, especialistas en agua, aire, biodiversidad y cambio climático. En cinco días se reunieron por separado con una decena de académicos, una veintena de representantes de ONG y tres alcaldes de las denominadas “zonas de sacrificio” (saturadas por la contaminación), en una pequeña sala del ministerio, ubicado en calle San Martín. “Me dejó muy sorprendida la organización. Fue una actividad de muy bajo perfil y muy corta para algo tan relevante. La evaluación de 2005 nos llevó a la institucionalidad ambiental que tenemos ahora, ése es el nivel de impacto de una actividad como ésta”, comenta Pilar Moraga, abogada del Centro de Derecho Ambiental de la U. de Chile, quien, como otros asistentes, fue avisada con muy poca anticipación de la cita.

“No hubo un pimponeo propiamente tal. Ellos preguntaban y anotaban”, resume Sara Larraín, directora de Chile Sustentable. También pedían documentos que respaldaran las opiniones, que varios no tenían a mano y quedaron de enviar. Sus preguntas dan luces sobre dónde persisten las debilidades verdes de Chile.

El marco

La misión OCDE preguntó con insistencia sobre las fortalezas y debilidades de la institucionalidad medioambiental, que es la primera de las 52 recomendaciones. Un punto de doble filo, según quienes expusieron, porque si bien hay avances tras la creación del ministerio, de la superintendencia y de los tribunales ambientales, la puesta en marcha ha sido lenta y no ha logrado imponerse frente a otras áreas como economía o salud. Álex Godoy, académico y director del programa de Magíster en Gestión de la Sustentabilidad de la U. del Desarrollo, explica que “la implementación ha sido a la rápida y en el camino se han ido parchando los temas”.

Pilar Moraga pone como ejemplo los tribunales ambientales (hay dos funcionando y uno a la espera en Antofagasta). Explica que si bien ahora hay más demandas por daño ambiental que cuando sólo existía la alternativa de la justicia ordinaria, en su mayoría son rechazadas porque la gente común no tiene herramientas para presentar las evidencias que requiere un proceso. Eso, dice ella, ocurrió con el caso de Pascua Lama: “Es imposible para la sociedad civil generar una prueba de daño ambiental respecto de los glaciares si el monitoreo corre por cuenta de la empresa demandada”, dice y agrega que la única demanda que ha tenido éxito fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado. Para Gabriela Burdiles, abogada y coordinadora de proyectos de FIMA, el Estado debería proveer de abogados, tal como lo hacen las corporaciones de asistencia judicial en otras materias, como familia, ya que incluso los municipios se han visto impedidos de patrocinar causas de la comunidad por falta de especialistas.

“Chile hizo el esfuerzo de crear la Superintendencia, los tribunales ambientales y eso es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora tendrá que dotarlos y que se plasmen en la realidad”, advierte Carlos de Miguel, jefe de la unidad Políticas para el Desarrollo Sostenible de Cepal, entidad coevaluadora, y agrega que para que estos organismos funcionen de verdad lo institucional tiene que ir de la mano de un presupuesto. La misma Cepal realizó un estudio que estima el gasto público en protección ambiental en Chile, en 2012, fue de 145.042 millones de pesos (8.900 pesos por persona), lo que corresponde al 0,5 por ciento del gasto público y al 0,1 por ciento del PIB de ese año. “Si tienes que fiscalizar los seis mil kilómetros del borde costero, los vertidos y la zona de protección y tienes dos fiscalizadores, bueno, ahí analizas la congruencia entre acciones e intenciones”, agrega.

Participe y edúquese

La OCDE promueve la participación y por eso preguntaron en varias oportunidades qué instituciones, fondos y espacios hay para que los ciudadanos se vinculen a la toma de decisiones. Hugo Rojas, alcalde de Puchuncaví, una de las “comunas en sacrificio” junto con Quintero, Coronel, Tocopilla y Huasco, habló de eso largamente. “Me preguntaron si las decisiones de la comunidad sobre la instalación de los proyectos e industrias en la zona eran respetadas. Les respondí que la opinión de la ciudadanía no es vinculante, que la comunidad puede estar en desacuerdo, pero si un proyecto cumple los requisitos ambientales, es aprobado igual. Aquí siguen ingresando industrias y la comunidad no quiere más. Hay tres en carpeta. ¡Si ya somos una zona saturada y se sigue buscando la fórmula de instalarlos!”.

Rojas invitó a la misión OCDE a visitar en terreno Puchuncaví y la escuela La Greda, donde si bien se trasladó a los niños en horario de clases, cada día vuelven a sus casas, “que están en el patio de las industrias”. Los OCDE se excusaron por falta de tiempo.

Gabriela Burdiles entregó datos: en el índice de democracia ambiental que realiza el centro World Resources Institute, la participación ciudadana es el ámbito más bajo de Chile (1,24 puntos, versus 1,89 en acceso a la información y 1,88 en acceso a la justicia). Si fuera un semáforo, tendría luz amarilla. “Los chilenos no saben cómo se puede participar en la creación de una norma, de una política pública o de un plano regulador”.

Uno de los aspectos en el que la misión más se enfocó fue la educación medioambiental y cómo se inserta en los programas de estudios: “Les preocupaba saber si estaba en las mallas curriculares, pero hubo un consenso en que no es un tema transversal y que no existe preocupación de meterlo en las distintas carreras”, dice Pilar Moraga. Álex Godoy le dio a la comisión datos que dicen que en Chile hay mayor interés en un magíster en tema de Negocios que de Sustentabilidad y lo miraron con asombro. “Ellos no podían entender eso, o que los programas de MBA no incorporaran temas ambientales”, cuenta. Por su parte, a Paola Vasconi, de Adapt-Chile, le preguntaron si había preparación de profesionales expertos en cambio climático y cómo se estaba abordando en las universidades. “No podía respaldar mi respuesta con datos en el momento, así que quedé de mandárselos”.

A algunos asistentes les llamó la atención que la misión OCDE asumiera que por haber un delegado presidencial para los Recursos Hídricos (Reinaldo Ruiz, nombrado en marzo de 2014) el tema del agua estaba casi resuelto cuando, de acuerdo a Pilar Moraga, el agua y la sequía son una de las principales vulnerabilidades del país. “Todos los estudios científicos nos están diciendo eso, pero en el debate legislativo esos temas no existen y nuestro marco normativo entiende la sequía como algo de urgencia y emergencia, y no como algo permanente”, dice.

A modo de resumen, Carlos de Miguel dice que el tema ambiental no ha permeado lo suficiente ni en la sociedad ni en otros ministerios. “En Chile, cuando la gente habla de medio ambiente, habla de contaminación, de la preemergencia, del basural y no de aprovechar las oportunidades que ofrece el medio ambiente. El tema de la concientización de la población se ha hecho en forma reactiva más que proactiva”, dice el personero de la Cepal.

¿Qué pasaría si Chile reprueba? “Si se saca nota roja hay un impacto político y en reputación importante”, responde De Miguel, pero no hay sanciones o exclusión del grupo. “Si los países aceptan ser evaluados es porque saben que deben cumplir”, agrega. Y Marcelo Mena, subsecretario de Medio Ambiente, está confiado en que eso es lo que va a ocurrir. Dice que las grandes recomendaciones -la creación de una institucionalidad ambiental con rango de ministerio, de un Servicio de Evaluación Ambiental y otro de fiscalización- se han cumplido y que hoy los estándares ambientales para nuevos vehículos, nuevas termoeléctricas, fundiciones y calderas son “casi idénticos a los de la Comunidad Europea. El desafío fundamental es qué hacemos con las tecnologías más antiguas y cómo aceleramos su recambio”.

Los participantes en las reuniones no están convencidos de que la nota vaya a ser buena. En general, insisten en que la implementación de la institucionalidad ha sido débil. La opinión definitiva la tienen los evaluadores que ahora están preparando un informe que, de acuerdo a Ivana Capozza, analista OCDE y administradora de la evaluación, los países miembros, incluido Chile, se reunirán a discutir en marzo de 2016, tras lo cual finalmente se hará público.

Fuente: http://www.chiledesarrollosustentable.cl/