El avance de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos en España ha mejorado significativamente en 2023, con un aumento en el número de puntos operativos y una mayor potencia disponible. Sin embargo, barreras como la concentración de operadores y la falta de transparencia en los datos amenazan con frenar el ritmo necesario para cumplir con los objetivos climáticos y de movilidad sostenible.

La transición hacia una movilidad sostenible en España sigue avanzando, y el desarrollo de la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos se ha convertido en un componente esencial en este proceso. En 2023, se observó un notable incremento en la instalación de puntos de recarga públicos, lo que ha permitido reducir la proporción de vehículos eléctricos (BEV y PHEV) por cargador, mejorando la accesibilidad para los usuarios. A pesar de estos avances, el reciente IV Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica en España también subraya los desafíos ambientales y estructurales que frenan un desarrollo verdaderamente eficiente y sostenible.

Durante 2023, la relación entre vehículos eléctricos y cargadores públicos mejoró significativamente, alcanzando los 15 vehículos por cargador, un 25% menos que en 2022. Asimismo, la potencia disponible por vehículo se duplicó, alcanzando 1,4 kW, superando el estándar europeo de 1,2 kW y lo requerido por la normativa de la UE (AFIR). Sin embargo, estos avances deben ir acompañados de un despliegue más rápido y accesible de la red de recarga pública para sostener el crecimiento del parque vehicular eléctrico, que se espera que siga aumentando en los próximos años.

A pesar de contar con más de 34.000 puntos de recarga públicos a mediados de 2024, aún existen más de 7.000 puntos pendientes de alta debido a largos plazos administrativos que pueden alcanzar hasta tres años. Este retraso contraviene los objetivos fijados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que prevé alcanzar 340.000 puntos de recarga para 2030. La demora en la expansión de esta infraestructura no solo ralentiza la transición hacia una movilidad más limpia, sino que también tiene un impacto negativo en la reducción de emisiones de carbono.

Concentración y falta de transparencia: desafíos para la democratización de la movilidad eléctrica

Uno de los principales problemas que el informe revela es la excesiva concentración en el mercado de operadores de recarga en España. Al cierre del primer semestre de 2024, el 96% de los puntos de recarga estaban gestionados por solo 10 empresas, lo que limita la competitividad y la expansión de nuevas operadoras que podrían dinamizar el sector. Además, la falta de interoperabilidad entre estas redes eleva los costos para los usuarios, quienes deben utilizar diferentes aplicaciones y sistemas de pago, un obstáculo que desincentiva la adopción de vehículos eléctricos.

Otro aspecto crítico que impacta en el despliegue de una red eficiente es la falta de transparencia. El 40% de los puntos de recarga no cuenta con datos disponibles en el Punto de Acceso Nacional, lo que impide que los usuarios y las autoridades tengan información precisa y actualizada sobre la red de recarga, afectando tanto la planificación estratégica como la confianza de los consumidores.

Si bien la movilidad eléctrica representa una oportunidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, estos beneficios ambientales solo podrán materializarse si la infraestructura de recarga se desarrolla de manera ágil y equitativa. Para alcanzar los objetivos de 2030, es crucial que se simplifiquen los trámites administrativos, se promueva la interoperabilidad y se aumente la competitividad en el sector.

El éxito de la transición hacia una movilidad eléctrica no solo dependerá de la cantidad de vehículos eléctricos en circulación, sino también de la capacidad de las infraestructuras para acompañar este cambio de forma sostenible.

Fuente: https://diarioresponsable.com/