Según EAPN-ES, a finales de 2019 11,8 millones de personas en España vivían en una situación económica precaria, una cifra que con total probabilidad esté creciendo con la crisis del coronavirus. Desde el punto de vista de los expertos, para cerrar esa brecha hay que centrar los esfuerzos en mejorar el acceso a tres bloques concretos: vivienda, empleo y sanidad.

Hace unos días la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) presentaba el informe El estado de la pobreza: seguimiento del indicador europeo (Arope) de pobreza y exclusión social en España 2008-2019. Sus datos mostraban una leve mejora en el conjunto europeo durante el periodo estudiado, aunque un empeoramiento en el caso concreto de España.

Nuestro país se había comprometido a reducir sus cifras de pobreza en 1,5 millones de personas en la Estrategia Europa 2020, que ahora termina. “Son datos que cuestionan las mejoras reales de las condiciones de vida de las personas que llegaron con la supuesta recuperación macroeconómica proclamada a partir de 2014”, comenta Carlos Susías, presidente de EAPN-ES.

Según sus palabras, todos los grupos de población registraron una menor renta real de la que tenían en 2008, de media un 6%. Aunque el peor resultado, un 10% menos, se detecta en las rentas más modestas, impulsado por la precariedad laboral y salarial. Todo ello a las puertas de una pandemia que, con total seguridad, está golpeando gravemente a este grupo poblacional.

“No podemos saber cómo va a afectar la covid-19, no hay datos reales para saber cuánto está repercutiendo sobre la pobreza, aunque sí podemos hacer alguna proyección”, asegura Susías.

Una proyección que parte de los más de 11,8 millones de personas que ya vivían con bajos recursos económicos a principios de este año en nuestro país, un 25,3% de toda la población.

“Los datos del estudio muestran la incapacidad económica de un amplio porcentaje de población para afrontar una crisis de esta envergadura”, advierte el portavoz de EAPN-ES.

Para debatir sobre posibles fórmulas que pudieran servir para ir reduciendo los niveles de pobreza y exclusión social, recientemente se celebraba el encuentro Derechos, gobernanza y participación ciudadana, también organizado por EAPN-ES.

En él, se expusieron frente a diversos representantes de las administraciones públicas las máximas preocupaciones de los ciudadanos en materia de desigualdad social, que se pueden agrupar en tres bloques diferenciados: vivienda, empleo (con un sueldo digno) y salud.

Tres necesidades básicas de las que pende el bienestar de cualquier familia y que, sin embargo, no están garantizadas. No obstante, existen ejemplos de organizaciones que están trabajando para darles solución.

Vivienda, derecho fundamental

Desde la crisis de 2008 los desahucios se han convertido en algo poco excepcional. Así como las diferentes plataformas ciudadanas creadas para frenarlos y conseguir para las familias que están a punto de perder sus casas diferentes treguas para reconstruir su futuro.

La mayoría de los consistorios cuentan con programas específicos de vivienda social, aunque no son suficientes para ese 25% de la población en situación de pobreza. Con el fin de ampliar esa oferta escasa, algunos han buscado nuevas fórmulas que cubren no solo necesidades de alojamiento digno a bajo precio.

El Ayuntamiento de Barcelona, por ejemplo, está firmando contratos de alquiler de este tipo con propietarios de apartamentos turísticos, un sector muy afectado por la crisis que ha traído el coronavirus que solo en la capital catalana cuenta con 9.000 licencias. A través de esta iniciativa se busca beneficiar a ambas partes, promoviendo contratos de alquiler de hasta tres años.

Otra iniciativa se está desarrollando a través de la Junta de Castilla y León desde 2016 para ampliar el censo de sus zonas rurales. El programa Rehabitaré destina partidas económicas para rehabilitar edificios emblemáticos de pequeñas poblaciones y convertirlos en vivienda social.

Aunque son los ayuntamientos los que ponen el precio del alquiler, este no puede superar la tercera parte de los ingresos de la unidad familiar que allí se aloje. Tienen preferencia los colectivos de especial protección que figuran en la Ley del Derecho a la Vivienda de Castilla y León, como por ejemplo familias numerosas, personas con discapacidad y sus cuidadores o jóvenes menores de 35 años con dificultades económicas.

Por otra parte, también existen proyectos de entidades privadas, como el que tiene en marcha ”La Caixa”, a través de su fundación. Hace pocos días anunciaba que se iba a aportar un millón de euros a repartir entre 36 proyectos seleccionados en la convocatoria de Viviendas para la Inclusión Social 2020. Esta ofrece más de 600 plazas residenciales distribuidas en 150 viviendas temporales de las que se podrán beneficiar más de mil personas en riesgo de exclusión.

Empleo (y digno)

Normalmente las crisis vienen siempre acompañadas de un aumento de las cifras del paro y la que estamos sufriendo en estos momentos ya se está dejando notar. La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al tercer trimestre del 2020 así lo plasma: la tasa de desempleo en España ya supera el 16,2%, lo que supone un aumento del 2,3% respecto al tercer trimestre de 2019.

Mayores problemas afrontan aquellos hogares que tienen a todos sus miembros activos en paro: casi 1,2 millones, aproximadamente 163.000 más que en el mismo periodo del año pasado. Y los parados de larga duración mayores de 30 años, que rondan los 1,4 millones, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), y cuya dificultad para encontrar trabajo se va agravando cada mes que pasan en la inactividad.

Para estos grupos poblacionales existen programas específicos en el ámbito público, impulsados desde las administraciones locales. Normalmente consisten en la creación de puestos de trabajo temporales de apoyo para los ayuntamientos, de unos seis meses de duración e improrrogables, que ayudan a insertar de nuevo a estas personas en el mercado laboral.

Pero desde el sector privado también se están implementando medidas para fomentar nuevas contrataciones y evitar la destrucción de empleo. Es el caso de la plataforma Protege el empleo de ManpowerGroup, nacida durante el primer estado de alarma con el fin de canalizar propuestas de empleo de cobertura urgente con candidatos desempleados.

Más allá de ser un simple tablón de anuncios, se ha convertido en un espacio de asesoramiento y acompañamiento que se dirige tanto a las empresas como a los demandantes de empleo. En él se pueden encontrar cursos de formación gratuitos para readaptar a estos últimos a las necesidades que marca el mercado, mejorando así sus opciones de contratación.

A todo ello se une la actividad de colectivos sin ánimo de lucro como la Asociación de Iniciativas y Recursos para el Empleo (aiRe). Sus voluntarios, que se mueven en las provincias de Córdoba y Sevilla, tienen como misión la inserción sociolaboral de las personas que buscan empleo, haciendo especial hincapié en los colectivos más desfavorecidos.

En ella colaboran licenciados o diplomados en carreras de ciencias humanas y sociales: psicólogos, psicopedagogos, sociólogos, abogados, profesores, etc. Su labor: acompañar y asesorar a los demandantes de empleo en su búsqueda o, incluso, en la creación de su propia empresa, además de formarles y readaptarles a las necesidades cambiantes del mercado.

Y no se pueden dejar de lado nuevos modelos de negocio como el de RobinGood, una empresa que elabora y distribuye productos alimentarios elaborados por personas en riesgo de exclusión social, generando una oportunidad laboral para ellas.

Acceso a la salud universal

Como en los bloques anteriores, el sistema público facilita buena parte del acceso a la salud en nuestro país, pero no todo. Sin contar con la actual situación de desbordamiento sanitario, existe una brecha en el acceso a ciertos aspectos sanitarios que depende en gran parte a la capacidad económica de las familias o de la región en la que se resida.

Desde la falta de recursos en las zonas rurales más despobladas hasta el importante desembolso económico que realizan los cuidadores de personas dependientes, pasando por tratamientos odontológicos, oftalmológicos, de ortopedia, etc., existen un sinfín de obstáculos que dificultan el acceso a una sanidad de calidad para las personas de menores ingresos.

En algunos de estos casos, las asociaciones de pacientes suelen ofrecer importantes apoyos por un módico precio, especialmente a las familias que más lo necesitan: rehabilitación, ayudas de voluntarios y formación para los cuidadores, psicólogos, asesoramiento, etc.

Por otra parte, existen un buen número de iniciativas que ofrecen soporte en este ámbito, como Ayúdame3D, una organización que realiza trésdesis, prótesis de brazos impresas en 3D, para aquellas personas que han sufrido alguna amputación en las articulaciones superiores.

Además, cuenta con un programa de formación en colegios e institutos para enseñar técnicas de diseño e impresión 3D combinadas con el desarrollo de competencias sociales, cívicas, tecnológicas y emprendedoras.

Tampoco se debe olvidar que el acceso a una alimentación saludable no está al alcance de todos. Para salvar este escollo existen diversas iniciativas: de largo bagaje, como banco de alimentos, o apps como Nadie sin su ración diaria o Encantado de comerte. Las primeras están más enfocadas a la donación.

La última trata de cumplir dos objetivos: salvar lotes de comida en buen estado pero que por fecha de caducidad están a punto de irse a la basura bajando su precio. De esta manera se ofrecen a bajo coste productos de calidad, haciéndolos más accesibles también para personas con menores recursos.

Todas estas iniciativas se quedan cortas para cubrir las grandes necesidades que existen en estos momentos en nuestro país. Pero son pequeños granitos de arena extrapolables que sirven de ejemplo y que, en algunos casos, pueden ser capaces de crear riqueza sostenible con un impacto directo a la hora de erradicar la pobreza.

Fuente: https://www.compromisoempresarial.com/