Bajo el título de “La Responsabilidad Social Corporativa. Marco de propuestas para el desarrollo de políticas públicas”, el Observatorio de RSC analizaba con representantes de partidos políticos su visión sobre la materia y las propuestas que presentarían en sus programas electorales, en un debate enmarcado dentro de ‘Diálogos para la Acción’.

Sergio Vázquez (PSOE), Alberto Reyero (Ciudadanos), Bruno Estrada (Podemos), José Antonio García (IU), Carmen Álvarez-Arenas (PP) y Miguel Ángel Arranz (UPyD) fueron los encargados de dar la visión de estas fuerzas políticas ante un ámbito, el de la RSE, que no suele estar en el debate político ni parlamentario.

El punto de partida del debate, recogido en el documento “Políticas públicas y RSC: propuestas de políticas públicas para el fomento de la responsabilidad social”, era que los aspectos de la Responsabilidad Social deben ser considerados de interés público y no exclusivamente privado ya que las decisiones sobre el uso, consumo y deterioro del capital natural, social y humano, afectan a toda la sociedad presente y venidera. Por tanto, debe ser la sociedad, a través de sus representantes públicos, quien decida los límites al uso de dichos recursos y las cuestiones básicas de RSC que deben garantizarse desde los poderes políticos públicos.

Los participantes en el encuentro, coincidieron en que las administraciones públicas deben dar ejemplo en materia de Responsabilidad Social y que la contratación pública tiene que ser un mecanismo para ello. Sergio Vázquez, del PSOE, tiró del borrador del Programa Electoral para poner en valor la apuesta de su partido en la materia: “Incluimos en nuestro programa que hay que premiar a las empresas socialmente responsables a través de la contratación pública”. Idea compartida por Alberto Reyero (Ciudadanos): “En contratación pública no puede primar el precio, tienen que incluirse cláusulas sociales y medioambientales”.

Miguel Ángel Arranz (UPyD) recordaba que es básico que “las administraciones públicas tengan que ser ejemplares en su comportamiento y procedimiento porque manejan presupuestos muy sensibles, como pueden ser la Sanidad o la Educación”.

Carmen Álvarez-Arenas (PP) apuntaba que “tenemos que hacer ver a las empresas que el Buen Gobierno y la Transparencia genera confianza con la sociedad y tiene que ser recíproco para las administraciones públicas”.

Por su parte, Bruno Estrada (Podemos) consideraba que “las empresas de países democráticos tienen que hacer por trasladar las normas sociales, laborales y medioambientales, así como la lucha contra la corrupción a países más laxos con la democracia y la libertad”. Y recordó la catástrofe del Rana Plaza en Bangladesh, donde murieron más de 1.200 personas en una fábrica textil.

José Antonio García (IU) apuntó que “hay mucha hipocresía en materia de Derechos Humanos, porque aquí se ponen alfombras rojas cuando vienen países que no los respetan. Por eso no podemos tolerar que se contrate o realicen acuerdos con países que no respetan los DDHH, al igual que con empresas”.

PLAN DE EMPRESAS Y DDHH
Los seis representantes fueron preguntados sobre qué les parecía que el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos todavía no hubiera visto la luz, una vez que el borrador estaba a la espera de aprobarse en Consejo de Ministros desde hace más de un año. Carmen Álvarez-Arenas, del PP, lo desconocía y prefirió no opinar, mientras que el resto de representantes políticos indicaron que tratarían de aprobarlo si gobernaran, aunque por las respuestas parecía que muy poco conocían de su existencia. Menos concisos se mostraron a la hora de abordar los mecanismos de acceso a remedio por parte de víctimas de terceros países por vulneración de derechos cometidos por empresas.

¿QUÉ HACER CON LA RSE?
Los seis representantes políticos fueron preguntados sobre qué harían si ganaran las elecciones con la RSE. Sergio Vázquez (PSOE) avanzó que “cambiar y estrechar las normas de juego a nivel social, laboral y medioambiental” y consideró que “sin responsabilidad fiscal no puede haber RSE”. Desde IU, José Antonio García afirmó que “cambiar el modelo de relaciones laborales y contratación pública”. Carmen Álvarez-Arenas (PP) recordó que “desde las administraciones públicas hay que incentivar la transparencia e impulsar medidas de RSE, como se recoge en la Estrategia Nacional de RSE y que llegue a la mediana y pequeña empresa”. Miguel Ángel Arranz (UPyD) ponía en valor la necesidad de “primar más los criterios de sociales, medioambientales y laborales en la contratación pública y dar menos peso a los criterios económicos”. Bruno Estrada (Podemos) valoró positivamente “incorporar un sello de  de RSE” que distinguiese a las empresas responsables. Y Alberto Reyero (Ciudadanos) dijo que tratarían que “la RSE no fuera considerada como algo vano” y apostó porque la Ley de Economía Sostenible, aprobada en 2011, se cumpliese. Propósito compartido por Sergio Vázquez: “Mantendríamos esta ley que ha pasado desapercibida y tiene una gran carga reformadora en materia económica, social y medioambiental”.

Tras el debate, quedó la sensación de que la RSE y el desarrollo sostenible sigue sin estar presente en las agendas de los partidos políticos a menos de dos meses de las Elecciones Generales.

Diálogos para la Acción es un espacio de reflexión y foro de debate abierto al público en torno a temas de actualidad relacionados con la responsabilidad social. Está patrocinado por Gredos San Diego Sociedad Cooperativa y Servicios y Estudios de Seguros, Correduría de Seguros S.A. (SERYES).

Fuente: http://www.corresponsables.com/