Transparencia Internacional España hace una vez más un llamamiento a los Partidos políticos y grupos parlamentarios para que consideren la corrupción como «una cuestión de Estado, de un prioritario e indudable interés general y social». En este sentido, según daba a conocer recientemente a través de su Barómetro Global de la Corrupción 2017, España cae a su peor clasificación en el índice de percepción de la corrupción, al colocarse en el puesto 41 de 176 países con una nota de 58 (la misma de 2015).
En un comunicado Transparencia Internacional España ha solicitado la creación de un Pacto integral y efectivo contra la corrupción, con el que puedan poner en marcha de forma eficaz las diversas medidas legales e institucionales «necesarias para combatir de una forma inequívoca, contundente y definitiva este importante problema y preocupación social».
El él, además, ha expuesto 20 medidas para prevenir y combatir la corrupciónque van desde la promoción de la «despolitización de los órganos constitucionales», la «reducción del número de aforados y las características del aforamiento», la «prohibición legal de la posibilidad de conceder indultos por corrupción o la «disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.
También se pide «mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia», la aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia -«todavía pendiente cuatro años después de haberse publicado la Ley» y la publicación de «una Ley de protección a los denunciantes».
Por otro lado, se ha solicitado, la regulación de los Lobbies, un incremento de la transparencia de las formaciones políticas, el cumplimiento por las instituciones públicas de la normativa legal sobre publicidad de sus contratos o la eliminación del «discrecional y poco transparente sistema de libre designación de los Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local».
Asimismo, se ha instado a invertir en educación prevenir la corrupción e impulsar «el cumplimiento de unas pautas de transparencia, integridad y rendición de cuentas a los ciudadanos por parte de las empresas de titularidad pública».
En cuanto al aumento de la independencia y la transparencia de la Fiscalía General, se han propuesto otras medidas como la creación de un «Código Ético de la Fiscalía», «acabar con la dependencia financiera de la Fiscalía respecto al Poder ejecutivo, y clarificar la relación entre el Fiscal general y el Gobierno, insuficiencias que dificultan su necesaria independencia y transparencia»; o la reforma jurídica de la carrera Fiscal, entre otras cuestiones.
Fuente: http://www.compromisorse.com
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