Como resultado de los procesos de reconfiguración social y geográfica de México que se sucedieron con la desaparición del latifundio y el reparto agrario tras la Revolución Mexicana, en un período de tiempo que va de 1911 a 1992,  más de la mitad del territorio, un 53%, se repartió entre los campesinos del país, quienes se transformaron en usufructuarios del 80 % de los bosques y selvas del territorio.

Una enorme riqueza natural que podría haber estado a buen resguardo de no ser por los múltiples planes de desarrollo rural que los sucesivos gobiernos implementaron en las tierras repartidas. Las tradiciones ancestrales de respeto y comunión con la naturaleza que los campesinos han heredado de generación en generación y que se reflejaban en un manejo racional de sus recursos y en buenas prácticas agroforestales no fueron suficientes para contrarrestar la ideología progresista de la época.

Los planes de ganadería extensiva que el gobierno implementó a partir de la década de 1950, tuvieron un impacto ecológico devastador sobre grandes superficies de bosques y selvas,  de hecho, para la década de 1960 los potreros dedicados a la ganadería cubrían el 65% del territorio nacional.

La Revolución Verde promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y adoptada por el Estado Mexicano como un estandarte de la modernización del campo nacional, fue otro factor dedestrucción de bosques y selvas. Los agroquímicos, el monocultivo extensivo y la mecanización de la tierra desplazaron rápidamente al manejo agroforestal tradicional que por siglos había mantenido la fertilidad de los suelos y el equilibrio entre el aprovechamiento y conservación forestal y la actividad agrícola en muchas partes del territorio nacional.

Las consecuencias de esas políticas públicas se han convertido en un lastre que no se ha podido revertir. Además de la ganadería y la agricultura extensiva, el crecimiento de la mancha urbana y la tala legal o ilegal con fines comerciales generan en conjunto una pérdida de la cobertura forestal que según datos del INEGI  es de 478 mil 922 hectáreas de bosques y selvas al año. 290 mil 693 hectáreas de bosques de coníferas, otras 95 mil 096 hectáreas de bosques de encino y 93 mil 133 hectáreas de selvas perennifolias. Estas cifras nos colocan en el quinto lugar de la lista de países con mayores índices de deforestación.

Datos poco halagüeños si tomamos en cuenta que la República Mexicana está catalogada como el cuarto país con mayor megadiversidad del mundo, en donde son precisamente los bosques y las selvas la sustancia y el sustento de esta inmensa riqueza.

Sabemos hasta la saciedad que los bosques y selvas además de ser la vida y su sustento, cumplen con la función de filtrar el agua de lluvia hasta los mantos freáticos de donde las poblaciones urbanas y rurales se abastecen de agua. Funcionan como reguladores del clima. Amortiguan las crecidas de los ríos e impiden la erosión de sus riberas. Son generadores de suelo fértil al cual retienen con la fuerza de sus raíces y además detienen la erosión eólica e hídrica de la tierra y con ello impiden el desgajamiento de las montañas. De su conservación depende que los efectos del cambio climático antropogénico sean menos severos.

Si desde 1884 el gobierno central había dictado leyes en torno al aprovechamiento racional de los recursos forestales del país, no fue hasta la primera mitad del siglo XX que con la Ley Forestal de 1926 se reconoció el papel fundamental de los bosques en la supresión de la erosión edáfica, la protección de las cuencas hidrológicas y la captación de agua. De entonces a la fecha se han decretado 6 leyes forestales y desde 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente.

Las dificultades con las que se han topado todas estas legislaciones al momento de llevarse a la práctica, siguen siendo básicamente las mismas: El conflicto que se genera cuando al mismo tiempo que se pretende conservar, se requiere más producción. El apremio por cubrir necesidades inmediatas y cumplir con planes modernizadores. La falta de comunicación y coordinación entre quienes habitan los bosques y quienes dictan y aplican las leyes. Los intereses económicos de los sectores empresariales que obtienen pingües ganancias de la explotación de bosques y selvas.

Es de capital importancia que la sociedad civil se involucre en el cuidado y conservación de los ecosistemas. La participación ciudadana comprometida puede y de hecho ha conseguido que esas dificultades sean atajadas.

Fuente: http://mexico.corresponsables.com/