Casi 150 millones de árboles podrían ser talados en la Amazonia y en otros biomas de cuatro países latinoamericanos y los objetivos climáticos del Acuerdo de París podrían verse comprometidos, si el controvertido acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur (en el que participan Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), se concluye en las próximas semanas o meses.

Esta advertencia se produce en el momento en que el presidente Lula de Brasil y los líderes de otros 32 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se reúnen en Bruselas con los de la Unión Europea para discutir este tema.

El acuerdo comercial UE-Mercosur consta de tres pilares: comercio, cooperación y diálogo político. Entre ellos, el comercial es el más importante y el que suscita mayor controversia. Su objetivo es liberalizar y potenciar el comercio mediante la reducción de los aranceles del 92% de los productos comercializados entre las dos regiones, notablemente los agrícolas y ganaderos (entre ellos, los más asociados a procesos de deforestación, como la soja y la carne de vacuno) pero también automovilísticos, químicos, farmacéuticos, textiles e incluso el sector servicios.

Mighty Earth considera que el único objetivo de todos los acuerdos comerciales debe ser mejorar la vida y los medios de subsistencia de las personas de los países signatarios, al tiempo que se conserva la biodiversidad, se potencia la restauración de la Naturaleza y se impulsa la descarbonización. Los acuerdos comerciales que ponen por delante los intereses de las empresas frente a todo lo demás -protección del medio ambiente, derechos de las comunidades indígenas y locales, etc.- no crean ningún valor social y deben ser descartados.

En sus parámetros actuales, el coste ambiental del acuerdo UE-Mercosur sería muy alto. Los estudios sugieren que tendrá una serie de repercusiones sociales y medioambientales muy negativas. Así, el incremento previsto de los flujos comerciales de productos como la carne de vacuno y la soja incentivará la deforestación masiva de la Amazonia y otros biomas clave como el Cerrado en Brasil o el Chaco en Argentina. Las emisiones climáticas derivadas de la deforestación podrían dispararse en 173 millones de toneladas métricas. De este modo, socavará masivamente los objetivos de París en materia de cambio climático de limitar el aumento de la temperatura global por debajo de 1,5ºC.

Según un estudio del Amazon Institute of People and the Environment (IMAZON), este acuerdo de libre comercio aumentará el riesgo de deforestación adicional en los países del Mercosur entre 122.000 y 260.000 hectáreas, según seis escenarios examinados. El 55% de la deforestación se produciría en Brasil, considerando el promedio de esos escenarios.

Según un informe encargado por la presidencia del Gobierno francés a una Comisión de Expertos independiente sobre los efectos potenciales para el desarrollo sostenible de la aplicación de la sección comercial del acuerdo UE-Mercosur, en el caso de la carne de vacuno, teniendo en cuenta todos los factores, y considerando un periodo de aplicación del citado acuerdo de seis años, se aceleraría la tendencia a la deforestación en un 5% (efecto estricto) y se participaría en una tendencia del 25% (efecto combinado con otros mercados).

Este informe recuerda además que el acuerdo UE-Mercosur no contiene ninguna condicionalidad específica sobre los compromisos asumidos por las partes en virtud del Acuerdo de París. Es decir, el Acuerdo no establece medidas efectivas para la aplicación de los compromisos climáticos. Sólo se prevé un mecanismo de diálogo específico entre las dos partes firmantes.

Aunque la posible firma del acuerdo UE-Mercosur ha sido un tema prioritario en las conversaciones mantenidas durante la Cumbre UE-CELAC, celebrada en Bruselas del 17 al 18 de julio, no parece que se den actualmente las condiciones para que se alcance dicho acuerdo.

Hace unos meses, con una Unión Europea preocupada por el acceso a determinadas materias primas clave en un marco de cambios geoestratégicos acelerados por la guerra de Ucrania, y ante las nuevas condiciones políticas en Brasil tras la subida al poder de Lula da Silva, se especulaba con que quizás el acuerdo UE-Mercosur podría firmarse en un plazo de tiempo más bien breve.

Sin embargo, las complicaciones persisten. Por un lado, Francia sigue oponiéndose a la firma de dicho acuerdo, por temor a que la carne de vacuno, la soja o los productos agrícolas de Mercosur, producidos con normas medioambientales menos exigentes que las europeas, inunden su mercado, perjudicando los intereses de su sector agrícola y ganadero.

Esta preocupación es compartida por otros países europeos como Holanda, Austria e Irlanda. A ello se añade la necesidad de que los países del Mercosur aumenten sus objetivos de lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Cientos de organizaciones de la sociedad civil han denunciado también que el acuerdo UE-Mercosur promoverá prácticas nocivas de agricultura intensiva, la deforestación rampante y las violaciones de los derechos humanos en los países del Mercosur, al tiempo que critican «la lógica colonial en la que América Latina queda relegada a la exportación de materias primas para satisfacer los intereses comerciales de la UE».

Por otro lado, Brasil, y los demás países del Mercosur, se quejan sobre todo de las normativas medioambientales más estrictas de la UE y de sus demandas de mayor ambición climática.

A sus dirigentes no les gustó nada la reciente aprobación del Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación (EUDR), que entró en vigor el pasado 29 de junio, y prohíbe la entrada en la UE (y la salida de ella a terceros países) de una serie de productos -soja, aceite de palma, carne de vacuno, cuero, caucho, cacao, café, madera, entre otros- cuya producción esté vinculada a la deforestación o degradación forestal, legal o ilegal, en los países de origen de estos productos. Interpretan todo esto como un esfuerzo proteccionista de la UE para limitar las exportaciones de la poderosa agroindustria del Mercosur.

Así, Brasil ha criticado duramente «la rígida y compleja legislación climática europea» que, dicen, puede «generar enormes prejuicios en la región».

Conscientes de las graves deficiencias medioambientales y sociales del actual acuerdo, la Comisión Europea y Mercosur redactaron en secreto un Instrumento Conjunto UE-Mercosur, que se filtró a la prensa el 22 de marzo de 2023, para amortiguar las críticas al acuerdo por parte de la sociedad civil y los agricultores europeos e incluso de algunos gobiernos de Estados miembros de la UE.

El Instrumento Conjunto se presenta como una declaración de intenciones sobre una serie de cuestiones como el cambio climático, la biodiversidad, los bosques, los derechos laborales, los derechos humanos, la participación de la sociedad civil, la cooperación y el seguimiento, y la revisión. Sin embargo, estas medidas son totalmente opcionales y tienen una débil base jurídica. En pocas palabras, se trata sólo de un conjunto de propuestas bienintencionadas que no son vinculantes para ninguna de las partes.

En vista de lo anterior, Mighty Earth se une a cientos de grupos a ambos lados del Atlántico y pide la cancelación del actual acuerdo UE-Mercosur así como que las conversaciones sobre un posible nuevo acuerdo comercial sólo tengan lugar si ambas partes se comprometen previamente a dar prioridad al pleno respeto del medio ambiente y los derechos humanos y a una lucha decidida contra el cambio climático y la deforestación, mediante la adopción de medidas jurídicamente vinculantes cuya ambición se revise periódicamente al alza. El nuevo acuerdo comercial debería cumplir plenamente los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

Además, cuando cualquiera de las partes del futuro acuerdo mejore su legislación adoptando objetivos más ambiciosos en materia de protección del medio ambiente y los derechos humanos y cambio climático, la otra parte tendrá que aceptar esta legislación y adaptar la suya propia para alinearla con estos nuevos objetivos sin demora.

Esto incluye la regulación de la producción agrícola y ganadera, las medidas para combatir la deforestación y el cambio climático, la extracción de materias primas críticas y la minería, la restauración de la naturaleza, los derechos de los indígenas y los derechos comunitarios sobre la tierra, los requisitos de diligencia debida de las empresas y otros temas relacionados.

Esto garantizaría un «círculo virtuoso» legislativo que sustentaría el comercio y ayudaría a protegerse contra el tipo de ataques extremos contra los bosques, la ciencia del clima y los derechos de los pueblos indígenas.

Fuente: https://www.elespanol.com/