El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya ha llegado a la Cortes Generales como un proyecto, enormemente participado y cargado de las demandas del conjunto de la sociedad española. Es un texto sólido, coherente, ambicioso y completo. Hoy más que nunca resulta indispensable que se apruebe de cara a la nueva normalidad.

Su objetivo principal es sentar las bases para adecuar la realidad del país al reto que supone el cambio climático, una cuestión aún más relevante ahora, teniendo en cuenta el escenario post COVID19. Ambas crisis, la de la pandemia y la climática, nos llevan a reconocer la necesidad de anticiparse a los riesgos globales y a reconocer el valor de los bienes y servicios públicos como seguro contra males mayores y contra la desigualdad.

En un contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, el proyecto posiciona a España para que aproveche las oportunidades que abre la transición ecológica en términos de modernización de la economía, atracción de inversiones, de una nueva reindustrialización y de generación de empleo de calidad. En él se plantea cómo prevenir los impactos de cambio climático, cómo reducir sus causas, cómo modernizar nuestra industria, nuestro tejido social, cómo facilitar distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización o cómo llevar a cabo una transición justa.

En última instancia el marco institucional al que apunta el  Proyecto de Ley responde a la necesidad de construir un país que combine con éxito las oportunidades actuales, que nos permiten anticiparnos a las nuevas demandas y generar nuevas industrias y cadenas de valor competitivas, y  las oportunidades  futuras para los jóvenes, sobre la base de un objetivo claro  que es  llegar a la neutralidad climática para 2050.

Por primera vez se pone en el centro de la acción política la lucha contra el cambio climático y la transición energética, como vectores clave de la economía y la sociedad para construir el futuro y generar nuevas oportunidades socioeconómicas y empleos.

La ley fija unos objetivos de reducción de emisiones, de energías renovables y de eficiencia energética ambiciosos en términos medioambientales, situando a nuestro país a la cabeza de los países de nuestro entorno en la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Además, el gobierno podrá revisarlos, pero siempre al alza. Los objetivos establecidos son coherentes con los que se ha comprometido la Unión Europea para cumplir con el Acuerdo de París y son equiparables a lo que supondría un aumento de la ambición de la UE para hacer frente a las nuevas exigencias del clima. Para cumplir con estos objetivos todos los sectores económicos deberán contribuir a su consecución.

Para ello son muchos los campos que se impulsan en el proyecto que cambiaran nuestra forma de vida, como la mayor eficiencia en el uso de los recursos, la diversificación energética e integración de energías renovables en nuestra red eléctrica, lograr una movilidad limpia (que dé a la industria de nuestro país la oportunidad de posicionarse en el nuevo modelo de desarrollo y liderar el futuro de la movilidad sostenible con el apoyo necesario) un aire saludable, ciudades más habitables, impulsar la España rural y poner en valor la conservación de la naturaleza y la biodiversidad o reforzar la educación incluyendo la formación sobre el clima y la participación de las personas en los procesos de toma de decisiones.

La adaptación al cambio climático recibe por primera vez la importancia que requiere para reforzar su consecución en nuestro país. Además se han incluido elementos de la «Transición justa», de forma que en el proceso de la transición ecológica no se deje a nadie ni a ningún territorio atrás y se maximicen las oportunidades de crecimiento.

Todas las actuaciones necesitarán de unas finanzas seguras y verdes, por lo que los objetivos y las herramientas  planteadas  en el Proyecto de ley buscan atraer inversores y generar confianza en el proyecto país que refleja. El sector financiero también tendrá nuevas obligaciones y responsabilidades en su ámbito de actuación para que evalúen los riesgos y oportunidades en las decisiones de inversión.

Además, siguiendo el ejemplo de los países de nuestro entorno la Ley creará un marco de gobernanza que refuerce nuestro sistema a través de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será debatido en el Congreso de los Diputados.

Es ahora necesario que las Cortes avancen en convertir este proyecto  en una realidad, como proyecto necesario para articular el resto de políticas y medidas y para marcar las premisas de la recuperación en línea con la Comisión Europea, que ha hecho del Pacto Verde Europeo, la estrategia estrella de desarrollo de la Unión Europea para los próximos años y para la salida de la crisis.

Fuente: https://diarioresponsable.com/