A finales de 2014 fue aprobada la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas a la que aún le quedan dos años de vigencia y muchos retos por terminar de cumplir. Uno de ellos, que los ciudadanos identifiquen la RSE como vehículo de competitividad, de sostenibilidad y de cohesión social y, por tanto, como una vía para entender el negocio como algo que no sólo tiene en cuenta los resultados, sino también la forma de obtenerlos, un objetivo que aún parece estar muy lejos de alcanzarse.

El comportamiento ético, las buenas prácticas de gobierno corporativo, el fomento de la igualdad de oportunidades y la no discriminación, la transparencia, la inversión en I+D+i, el compromiso con el desarrollo de los empleados, los comportamientos responsables en la cadena de suministro, el respeto y protección de los Derechos Humanos, el respeto al medio ambiente y el diálogo social son, entre otros, los principios que lograrían impulsar definitivamente la RSE. Sin embargo, todo son prácticas voluntarias de las empresas, sin ningún tipo de legislación de obligado cumplimiento, de modo que quedan a merced de las compañías que se consideran responsables y sostenibles.

De ahí que esta estrategia aspire a impulsar acciones que persiguen reforzar los compromisos de las empresas y de las Administraciones Públicas con las necesidades y preocupaciones de la sociedad española, entre las que se encuentra la generación de empleo; contribuir a reforzar los modelos de gestión sostenibles que ayuden a las empresas a ser más competitivas y a las administraciones públicas más eficientes y potenciar aquellos programas de responsabilidad social que impulsen la credibilidad internacional y la competitividad de la economía española, junto a la sostenibilidad y la cohesión social.

Sin embargo, según un artículo publicado hace apenas unos meses por un grupo de expertos(Juan José Almagro, Alberto Andreu, Marta de la Cuesta, Jordi Jaumà, Ramón Jáuregui e Isabel Roser) esos valores no surgen por generación espontánea, sino como consecuencia de políticas integrales que las fomentan. En su opinión, además, el Consejo Estatal de la Responsabilidad Social Empresarial, CERSE, creado en 2008, ha sido “congelado”, algo preocupante puesto que esta estrategia fue elaborada en dicho consejo.

El documento plantea diez líneas de actuación que tendrán que ser potenciadas por el nuevo responsable. Son:

1.- Promoción de la RSE como elemento impulsor de organizaciones más sostenibles, con medidas como: sensibilizar a las empresas con los modelos de gestión responsable y sostenible, para un desempeño socialmente responsable de su actividad; fomentar plataformas de comunicación y espacios de diálogo entre las organizaciones y los grupos de interés; puesta en marcha del procedimiento de publicación de memorias e informes de responsabilidad social y sostenibilidad o consultar periódicamente a los ciudadanos y a las partes interesadas sobre su percepción del grado de penetración de la RSE en España

2.- Integración de la RSE en la educación, la formación y en la investigación

3.- Buen Gobierno y transparencia como instrumentos para el aumento de la confianza, para lo que see pretende garantizar que las empresas del sector público empresarial elaboran informes de gobierno corporativo y memorias de sostenibilidad, así como promover la ética y la transparencia en las organizaciones, así como los programas de lucha contra la corrupción.

4.- Gestión responsable de los recursos humanos y fomento del empleo: impulsar actuaciones para favorecer la diversidad en las plantillas, mediante una política de igualdad de oportunidades y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores. Pero, sobre todo, potenciar la contratación indefinida, que, de momento, ni está ni se la espera.

5.- Inversión socialmente responsable e I+D+i. Por ejemplo, impulsando la investigación, la innovación sostenible y el desarrollo de productos y servicios dirigidos, fundamentalmente, a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo de aquellas con mayores dificultades, y a reducir el impacto ambiental.

6.- Relación con los proveedores. Debe velarse por el cumplimiento de los principios de RSE en toda la cadena de suministro. También fomentar la incorporación de criterios sociales, ambientales, de derechos humanos y éticos en las licitaciones y adquisiciones públicas vinculados al objeto del contrato.

7.- Promover el consumo responsable, los derechos de los consumidores y la integración de los principios de responsabilidad social en las políticas de consumo, también las políticas de comunicación y publicidad responsables y apoyar las iniciativas de fomento de la RSE realizadas por las organizaciones e instituciones de defensa de los derechos de los consumidores.

8.- Respeto al medio ambiente: impulsar el uso de tecnologías limpias, avanzar en los programas cuyo objetivo es reducir y minimizar las emisiones directas e indirectas o reforzar la información orientada al control y consumo responsable de los recursos naturales.

9.- Cooperación al desarrollo y fomentar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y empresas transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo y fomentar la gestión socialmente responsable de las empresas españolas en el exterior.

10.- Coordinación y participación: poner en marcha mecanismos de coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, con objeto de promover los principios y criterios de la RSE.

Fuente: https://diarioresponsable.com